La contratacion de trabajadores extranjeros en el sector hotelero de Mallorca plantea obligaciones fiscales especificas: los trabajadores extranjeros no residentes en Espana que trabajan en temporada en hoteles de Mallorca tributan en el IRNR (no en el IRPF) por sus salarios obtenidos en Espana. El hotel es responsable de practicar la retencion del IRNR aplicable (19% para residentes en la UE, 24% para el resto) y de ingresarla en la AEAT. Si el trabajador permanece mas de 183 dias en Espana, pasa a ser residente fiscal y tributa en el IRPF, y el hotel debera aplicarle la retencion de IRPF en lugar de IRNR. La gestion de las nominas de personal extranjero de temporada en hoteles de Mallorca requiere conocer exactamente el status de residencia de cada trabajador. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre la fiscalidad de trabajadores extranjeros en el sector hotelero balear. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.
Categoría: Empresas y Autónomos
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Deducción por I+D+i en empresas tecnológicas de Mallorca: software hotelero y plataformas digitales
El I+D+i en empresas de tecnologia e innovacion en Mallorca da derecho a deducciones significativas en el IS: el 25% de los gastos de I+D, incrementado al 42% cuando superan la media de los dos anos anteriores, y el 8% de inversiones en inmovilizado afecto al I+D. Para la innovacion tecnologica (IT): el 12% de los gastos. El informe motivado vinculante del Ministerio de Economia que certifica la actividad como I+D+i es el documento clave para defender la deduccion ante la AEAT. En Mallorca, el sector tecnologico ligado al turismo (software de gestion hotelera, plataformas de reservas, sistemas de revenue management) puede calificar actividades de desarrollo de software como I+D cuando implican avance cientifico o innovacion con incertidumbre tecnica. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre deducciones de I+D+i en empresas tecnologicas en Baleares. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.
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Fiscalidad laboral en el sector hotelero de Mallorca: retenciones, temporada y Modelo 111
Los contratos de trabajo en el sector hotelero en Mallorca generan obligaciones fiscales especificas para las empresas: retenciones del IRPF en nomina (Modelo 111 trimestral y 190 anual), cotizaciones a la Seguridad Social, retribuciones en especie y posibles complementos variables de productividad o de temporada. Los empleados de temporada (contratos fijos-discontinuos o temporales de abril a octubre) tienen una tributacion especifica en el IRPF porque sus rendimientos se concentran en pocos meses y el tipo de retencion aplicable se calcula sobre la base de la retribucion anualizada. La AEAT comprueba que el tipo de retencion aplicado es correcto y que las retribuciones en especie (alojamiento, manutención) se incluyen correctamente en el modelo 111. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre relaciones laborales fiscales en el sector hotelero de Mallorca. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.
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Programadores y empresas de IA en Mallorca: I+D+i, IVA internacional y riesgos
Mallorca ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse también en un lugar donde trabajan desarrolladores, equipos de producto y pequeñas empresas de inteligencia artificial. Muchos programan desde Palma, facturan a clientes de varios países y combinan temporadas de mucha carga con periodos más tranquilos. Esa realidad, que mezcla ingresos internacionales, trabajo en remoto y sociedades de reciente creación, plantea cuestiones fiscales concretas. La fiscalidad de programadores y empresas de IA ofrece incentivos relevantes, pero también focos de inspección bien definidos.
Trabajar desde la isla para clientes de fuera
Un desarrollador con base en Mallorca suele tener clientes en la península y en otros países europeos, y a veces fuera de la Unión. Cada relación plantea tres preguntas: dónde se entiende prestado el servicio a efectos de IVA, si el cobro procede de un cliente vinculado y qué documentación acredita la condición del cliente. Quien no responde con prueba a esas preguntas, lo hace con riesgo. Por eso conviene ordenar desde el principio los contratos, las facturas y la justificación de la residencia del cliente, además de decidir bajo qué forma jurídica se factura.
Autónomo o sociedad: una decisión con proyección
El programador autónomo tributa en el IRPF por escala progresiva, de modo que cada euro adicional de beneficio soporta un tipo marginal más alto. La sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25 %, con escalas reducidas para empresas pequeñas, sujetas a requisitos y a una reducción gradual en los próximos ejercicios. Pero el tipo no decide por sí solo: cuando el socio retira el beneficio como dividendo, tributa además en su IRPF. Estos son los criterios que más pesan:
- Nivel de beneficio: con beneficios moderados, el autónomo suele ser más sencillo; con beneficios altos, la sociedad puede resultar más eficiente.
- Retirada del dinero: sueldo o dividendo en la sociedad, con tributación adicional del socio; directa en el autónomo.
- Incentivos: la sociedad accede con más naturalidad al patent box y a la deducción por I+D+i.
- Responsabilidad y credibilidad: la sociedad separa patrimonios y suele inspirar más confianza a clientes y financiadores.
Un error frecuente es constituir la sociedad y seguir facturando a título personal al mismo cliente. Esa mezcla genera dudas sobre quién presta realmente el servicio y atrae la atención de la Inspección. Conviene decidir con una proyección de tres ejercicios, no con la cifra de un solo año.
Deducción por I+D+i en software e inteligencia artificial
El artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades premia los gastos de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica con una deducción en la cuota. El punto delicado es qué cuenta como I+D. No todo desarrollo lo es: la norma reconoce el software avanzado cuando supone un progreso científico o tecnológico significativo, mientras que el software que aplica métodos ya conocidos queda fuera, y algunos desarrollos empresariales pueden encajar en innovación tecnológica. En inteligencia artificial, entrenar un modelo propio con incertidumbre técnica real y documentada se acerca al concepto de I+D; integrar una API de terceros en un producto, no. La frontera exige análisis proyecto a proyecto.
Informe motivado y prueba del gasto
La empresa puede solicitar un informe motivado al Ministerio competente o al CDTI. Ese informe vincula a la Agencia Tributaria en la calificación de la actividad, pero no en la realidad ni en la cuantía de los gastos, que se discuten con prueba: imputación horaria, contratos, facturas y memoria técnica. Las deducciones tienen límite sobre la cuota y pueden arrastrarse durante varios ejercicios, por lo que conviene planificarlas con la proyección de beneficios de la sociedad.
Patent box y Ley de Startups
El artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite reducir la renta procedente de la cesión de determinados intangibles, entre ellos el software avanzado registrado que derive de I+D. Exige ceder el derecho de uso o explotación, y la prestación de un servicio en la nube no siempre se califica como cesión, por lo que el modelo de negocio debe analizarse antes de contar con este incentivo. Si la cesión es a una empresa del grupo, el precio debe ser de mercado.
La Ley 28/2022 de empresas emergentes sigue en vigor. Para beneficiarse hay que obtener la calificación de empresa emergente, que exige, entre otros requisitos, tener sede en España, ser de reciente creación, no cotizar y desarrollar un modelo de negocio innovador y escalable. Entre sus ventajas figuran un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades en los primeros periodos con base positiva y el aplazamiento de la deuda de los primeros ejercicios. El tipo reducido no es automático: hay que acreditar cada requisito.
IVA con clientes de la UE y de fuera de la UE
Cuando el cliente es un empresario o profesional, el servicio se entiende prestado donde radica su sede. Si es una empresa de otro país de la UE, no hay IVA español: se factura sin IVA con la mención correspondiente, y el prestador debe estar dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios y presentar el Modelo 349. Cuando el destinatario es un consumidor final y el servicio es electrónico, la regla se desplaza al país del consumidor, con un umbral de 10.000 euros anuales en la UE y la posibilidad de declarar en la ventanilla única. El riesgo está en la prueba: sin dirección del cliente, número de IVA validado o contrato, la Inspección puede sostener que el servicio se prestó en España y liquidar el IVA no repercutido.
Licencias, cánones y retenciones a no residentes
Conviene distinguir tres figuras: la venta de una copia para uso propio, la cesión del derecho de explotación del código, que sí es un canon, y el servicio de acceso o SaaS, que habitualmente se trata como prestación de servicios. Cada una tiene un tratamiento distinto en IVA, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y en los convenios de doble imposición. Si una empresa española paga un canon a un no residente, debe practicar retención o ingreso a cuenta salvo que acredite una exención o un tipo reducido, para lo que hace falta el certificado de residencia fiscal del perceptor. Si no se practicó cuando procedía, responde el pagador.
Riesgos que revisa Hacienda en el sector
- Falsos autónomos: un programador con un único cliente, con horario y herramientas de la empresa, puede ser calificado como trabajador por cuenta ajena.
- Gastos deducibles: vivienda usada como oficina, vehículos, viajes y gastos de nube y hardware compartidos con uso personal.
- Operaciones vinculadas: servicios entre socio y sociedad, o entre sociedades del grupo, que deben valorarse a precio de mercado.
- Incentivos: calificación del proyecto, imputación del personal y cálculo del nexo en el patent box.
- Operaciones internacionales: localización del IVA y retenciones a no residentes.
Las actuaciones inspectoras duran, con carácter general, 18 meses, ampliables a 27, y el derecho a liquidar prescribe a los cuatro años. La defensa empieza con el primer requerimiento: ordenar la documentación, responder en plazo y no aportar nada que no se haya revisado. Después se alega en el trámite de audiencia, se propone prueba pericial y, si se liquida, se recurre. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de programadores y empresas de IA.
LRB Tax & Legal en Palma para el sector tecnológico
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a programadores y empresas de inteligencia artificial y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Analizamos la forma jurídica, la estructura de la propiedad intelectual, el expediente de I+D+i y patent box, el IVA internacional y acompañamos al cliente en comprobaciones, procedimientos y recursos. Cuando haga falta valorar código, modelos o bases de datos para una cesión o una ronda de financiación, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales aporta una prueba técnica reconocida.
Preguntas frecuentes
¿Compensa más ser autónomo o crear una sociedad como programador?Depende del beneficio, de si se necesita retirar el dinero y de los incentivos buscados. Con beneficios moderados el autónomo suele ser más sencillo; con beneficios altos o propiedad intelectual relevante, la sociedad permite tipos menores y acceso a incentivos. Conviene proyectar tres ejercicios.
¿Se puede aplicar la deducción por I+D+i al software?Sí, cuando el proyecto supone un avance científico o tecnológico real y está documentado. El software avanzado puede ser I+D y otros desarrollos pueden ser innovación tecnológica. El informe motivado vincula a la AEAT en la calificación, pero no en el importe de los gastos.
¿Qué IVA aplico a un cliente empresa de otro país de la UE?El servicio no está sujeto a IVA español y se factura sin IVA con la mención correspondiente. Hay que estar dado de alta en el ROI y presentar el Modelo 349. Si el cliente es un consumidor final, rige el país del consumidor con umbral y ventanilla única.
Si es desarrollador o dirige una empresa de inteligencia artificial en Mallorca o Baleares y necesita asesoramiento fiscal o apoyo ante una inspección, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
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Inmobiliarias en Mallorca: comisiones, blanqueo y efectivo ante Hacienda
El mercado inmobiliario de Mallorca atrae a compradores de muy distintos orígenes: residentes en la isla, propietarios que viven en otros países y clientes extranjeros que adquieren una vivienda o la venden tras años de tenencia. Para una agencia de intermediación o una promotora con sede en Baleares, esa diversidad añade preguntas fiscales a cada operación. La fiscalidad de las inmobiliarias combina tres frentes que Hacienda cruza con facilidad: el IVA y los impuestos directos de las comisiones y las ventas, la prevención del blanqueo de capitales y las obligaciones de facturación y registro. Este artículo los repasa desde la realidad de un operador balear.
Clientes de varios países, importes altos y mucho rastro documental
Cada compraventa deja rastro: la escritura notarial, el Registro de la Propiedad, el Catastro y los índices de operaciones que el notario comunica a la Administración. A ese cruce de datos se suman el modelo 347 y los controles sobre los medios de pago. Por eso la Agencia Tributaria detecta con rapidez una comisión no facturada, un anticipo no declarado o una venta cuyo precio no encaja con el valor de mercado. Conviene además distinguir dos modelos de negocio, porque tributan de forma distinta: la agencia de intermediación presta un servicio y cobra una comisión, mientras que la promotora o la empresa de compraventa transmite inmuebles propios y obtiene un margen. Mezclarlos, algo frecuente en grupos pequeños, es una de las primeras fuentes de errores.
IVA en las comisiones de intermediación
La comisión que una agencia cobra por mediar en la venta o el alquiler de un inmueble es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %. El hecho de que la compraventa subyacente pueda estar exenta no contagia la exención a la comisión: son operaciones distintas y la del intermediario tributa de forma autónoma. Los puntos que más se revisan son estos:
- Devengo: el IVA se devenga cuando se presta el servicio, pero los pagos anticipados, como una señal de la comisión, devengan por el importe percibido (artículo 75 de la Ley del IVA).
- Repercusión: la factura debe emitirse a quien contrata la mediación, sea comprador, vendedor o ambos, y reflejar la cuota por separado.
- Cliente extranjero: si el destinatario es un empresario no establecido en España, las reglas de localización del servicio (artículo 69) pueden excluir la sujeción en territorio español, por lo que hay que documentar la condición del cliente.
- Comisiones compartidas: cuando intervienen varias agencias, cada una factura su parte; repartir el cobro sin facturar es un clásico de las actas de inspección.
Si además la inmobiliaria vende inmuebles propios, la delimitación entre IVA y ITP exige analizar si la entrega es primera o segunda transmisión y si cabe renunciar a la exención. En el Impuesto sobre Sociedades, la comisión se imputa en el ejercicio en que se devenga, con independencia de cuándo se cobre; si el intermediario es persona física, son rendimientos de actividades económicas en el IRPF. El desfase entre la firma de la escritura y el cobro de la comisión es una fuente habitual de ingresos imputados en el ejercicio equivocado.
Prevención de blanqueo: cuándo la agencia es sujeto obligado
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales incluye entre los sujetos obligados a los promotores inmobiliarios y a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles (artículo 2.1). Para los arrendamientos, el precepto fija umbrales de renta, de modo que no toda intermediación en alquileres entra en su ámbito. En una agencia con clientela internacional, la identificación del cliente y del titular real y el conocimiento del origen de los fondos adquieren especial relevancia.
Ser sujeto obligado implica un paquete de deberes: identificar al cliente, conocer el propósito de la operación, aplicar medidas reforzadas si el riesgo lo exige, analizar las operaciones inusuales, comunicar al SEPBLAC los indicios de blanqueo, conservar la documentación, aprobar procedimientos internos y formar al personal. Una agencia que nunca ha documentado estas políticas está expuesta a sanciones administrativas que pueden ser muy elevadas, con independencia de que exista o no un delito de fondo.
Efectivo, arras y depósitos
La Ley 11/2021 redujo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, y a 10.000 euros para las personas físicas con domicilio fiscal fuera de España que no actúen como empresarios o profesionales. La limitación se aplica cuando alguna de las partes es empresario o profesional, de modo que una comisión o una señal abonadas en metálico por encima del límite constituyen una infracción. Responden tanto quien paga como quien cobra, y la sanción alcanza el 25 % de la cuantía pagada. Las arras y los depósitos exigen distinguir su naturaleza:
Concepto Punto de atención fiscal Arras penitenciales Analizar si son anticipo del precio y si devengan IVA en el momento del cobro Arras confirmatorias Pago anticipado: el IVA se devenga por el importe percibido (art. 75 LIVA) Depósito fiduciario No es ingreso propio; debe estar separado de la tesorería de la agencia Comisión cobrada en efectivo Límite de 1.000 euros y riesgo de sanción El error más grave es mezclar los depósitos de clientes con la caja de la agencia: la Administración puede considerarlos ingresos no declarados y, además, supone un riesgo evidente de apropiación indebida. Los pagos deben canalizarse por cuenta bancaria y quedar identificados en la escritura.
Compra y venta de inmuebles: existencias o inmovilizado
La clasificación contable de un inmueble condiciona su tratamiento fiscal. Si la sociedad lo adquiere para venderlo en el curso de su actividad, es existencia: no se amortiza, la venta es un ingreso de explotación y el deterioro puede ser deducible. Si lo destina a uso propio o a alquiler, es inmovilizado o inversión inmobiliaria: se amortiza y el deterioro del inmovilizado no es deducible conforme al artículo 13.2 de la Ley 27/2014. Una compraventa habitual de inmuebles reclasificada por Hacienda como actividad empresarial puede arrastrar IVA no repercutido, un impuesto de sociedades más alto y recargos, por lo que conviene documentar desde el primer día la intención de reventa y la contabilización coherente.
Verifactu: calendario vigente y cautela
El Real Decreto-ley 15/2025 fijó el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. El Ministerio de Hacienda comunicó el 5 de octubre de 2026 la previsión de ampliar de nuevo el plazo, y hay informaciones que apuntan a 2028, pero a mediados de octubre de 2026 esa ampliación aún debe aprobarse y publicarse en el BOE. Mientras tanto, conviene tomar como referencia el calendario vigente y exigir al proveedor del programa la declaración responsable de conformidad.
Riesgos de inspección y defensa
- Comisiones cobradas y no facturadas, detectadas por cruces con notarías y clientes.
- Diferencias entre el precio escriturado y el real, con pagos en efectivo o fuera de escritura.
- Depósitos y arras tratados como pasivo cuando eran ingresos, o al revés.
- Reclasificación de inmuebles de existencias a inmovilizado, o viceversa.
- Incumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo y del límite de efectivo.
El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años y las actuaciones inspectoras tienen, con carácter general, una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos previstos por la ley. Una defensa eficaz empieza en el primer requerimiento: ordenar la documentación de cada operación, reconstruir el flujo del dinero, cuantificar la regularización con criterio propio y valorar si conviene firmar el acta en conformidad o recurrirla. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de inmobiliarias, IVA, blanqueo e inspecciones.
LRB Tax & Legal en Palma para el sector inmobiliario
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a inmobiliarias y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el tratamiento del IVA de las comisiones, la clasificación contable de los inmuebles, los procedimientos de prevención de blanqueo y los circuitos de cobro, y asistimos a la empresa en comprobaciones, actas y recursos. Cuando la discusión gira en torno al valor de un inmueble o de una sociedad, un informe independiente de ValiTax Informes Periciales puede ser decisivo.
Preguntas frecuentes
¿Las comisiones de una inmobiliaria llevan IVA?Sí. La comisión de intermediación es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %, aunque la compraventa del inmueble esté exenta. Debe facturarse con la cuota repercutida por separado.
¿Una agencia inmobiliaria es sujeto obligado en prevención de blanqueo?Sí, cuando ejerce profesionalmente la agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles, y también los promotores inmobiliarios (artículo 2.1 de la Ley 10/2010). Debe aplicar diligencia debida y comunicar operaciones sospechosas.
¿Se puede cobrar una comisión o una señal en efectivo?Solo hasta 1.000 euros cuando una de las partes es empresario o profesional (10.000 euros para ciertos no residentes). Superar el límite es una infracción que sanciona a quien paga y a quien cobra.
Si su inmobiliaria o promotora de Mallorca o Baleares necesita asesoramiento fiscal o apoyo ante una inspección, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
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Gasolineras en Mallorca: conciliación de litros, efectivo y Verifactu
Una gasolinera de Mallorca sirve a un público que cambia con la temporada: residentes que repostan todo el año, flotas de empresas, vehículos de alquiler y visitantes que llegan en verano. Es un negocio de facturación elevada y margen unitario reducido, y por eso la Agencia Tributaria lo inspecciona con frecuencia. La fiscalidad de las gasolineras se concentra en tres focos: el IVA del carburante y de la tienda, el control de existencias y surtidores y la trazabilidad de los cobros en efectivo y con tarjeta. Este artículo recoge lo que debe tener ordenado una estación de servicio balear antes de recibir un requerimiento.
Mucho volumen, poco margen y una pregunta de partida
Una gasolinera mueve grandes importes con un margen unitario pequeño. Un error de pocos céntimos por litro, repetido durante años, se convierte en una regularización de seis cifras. A ello se suma que la AEAT dispone de datos cruzables con facilidad: compras de carburante a un único proveedor, cobros con tarjeta comunicados por las entidades financieras y lecturas de contadores de los surtidores. Las comprobaciones suelen partir de una pregunta sencilla: ¿cuadran los litros comprados, los litros vendidos y los ingresos declarados? En un entorno de fuerte estacionalidad, como el balear, conviene además poder explicar por qué los litros y el margen se disparan en los meses de mayor afluencia.
IVA del carburante y de la tienda
Las entregas de gasolina y gasóleo en estación de servicio tributan, como regla, al tipo general del 21 % previsto en la Ley 37/1992 del IVA. Las medidas anticrisis de 2026 han actuado sobre el Impuesto sobre Hidrocarburos, no sobre el IVA del carburante, de modo que conviene no confundir una rebaja del precio de venta con un cambio del tipo de IVA. Según la AEAT, el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, mantiene para octubre una reducción de 20 céntimos por litro en gasolinas sin plomo y gasóleo de uso general; son medidas de vigencia limitada y renovación periódica, así que cada mes hay que comprobar la tarifa aplicable y conservar albaranes y fechas de recepción para explicar la evolución del margen.
La tienda, el túnel de lavado, la cafetería o la recarga eléctrica son actividades distintas, con tipos que dependen del producto o servicio. Quien comparte caja, TPV y personal entre carburante y tienda debe poder separar ingresos y bases por actividad, algo imprescindible para la prorrata, si hubiera operaciones exentas, y para la defensa ante un requerimiento. En la deducción del IVA soportado, el problema habitual es documental: tickets sin identificación del cliente, facturas de flotas emitidas a nombre de un tercero o gastos de vehículos no afectos.
Efectivo, tarjetas y tarjetas de flota
Las operaciones en las que alguna parte actúe como empresario o profesional no pueden pagarse en metálico por importes de 1.000 euros o más. La sanción es del 25 % de lo pagado y responden de forma solidaria pagador y receptor, según informa la AEAT sobre el régimen del artículo 7 de la Ley 7/2012. Esto afecta especialmente al cobro a clientes empresarios y al pago de proveedores. El pago con tarjeta deja huella: las entidades que gestionan los cobros informan a la AEAT de lo cobrado por cada comercio, y una diferencia entre los cobros por tarjeta y las ventas declaradas es una de las señales de riesgo más claras. La conciliación mensual entre TPV, caja y contabilidad es la mejor prevención.
Las tarjetas de flota añaden una capa más. El repostaje lo realiza un conductor, pero la factura se emite a la empresa titular, o a la entidad que gestiona la tarjeta, según el contrato. La estación debe saber a quién factura, cuándo se devenga el IVA y cómo se liquida con el emisor, porque los desajustes entre lo repostado, lo facturado y lo cobrado generan diferencias que la inspección interpreta como ventas no declaradas si no se explican.
Surtidores y tanques: la conciliación que decide la inspección
La conciliación de existencias es el núcleo técnico de una comprobación: se parte de las existencias iniciales, se suman las compras y se restan las existencias finales para obtener las ventas teóricas, que se comparan con las lecturas de los totalizadores de los surtidores y con las ventas contabilizadas. Las mermas pueden ser reales (variaciones de temperatura, evaporación, errores de medición o de calibración), pero no basta alegarlas sin respaldo. No existe un porcentaje legal único verificado aplicable a la estación minorista, por lo que la defensa se apoya en la prueba técnica concreta y no en una cifra genérica.
- Mediciones periódicas de cada tanque y registro de las diferencias.
- Informes del sistema de control de inventario y de los surtidores, conservados por fecha.
- Registro de calibraciones, revisiones y averías de los equipos de despacho.
- Albaranes de entrega con la medición en recepción y acta de cualquier discrepancia.
- Procedimiento escrito de cierre diario y de arqueo de caja.
Abanderamiento: compraventa o comisión
El contrato con el operador petrolífero determina cómo se declaran los ingresos. En el suministro con compraventa, la estación compra el carburante, asume el riesgo y vende en nombre propio: su ingreso es el precio de venta y su margen es la diferencia con el coste. En la comisión, el gestor actúa por cuenta del operador, que sigue siendo titular del producto, y el ingreso del gestor es la comisión. La Administración atiende a la realidad económica y no a la denominación del contrato: si el contrato dice comisión pero la estación asume el riesgo de las existencias, o al revés, la calificación puede discutirse con consecuencias en IVA y en impuestos directos. Ayudas, descuentos por volumen, anticipos y cánones por abanderamiento requieren también una imputación temporal coherente.
Verifactu: calendario vigente y novedades de octubre de 2026
El Real Decreto 1007/2023 regula los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, que deben garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Tras el Real Decreto-ley 15/2025, el calendario fijado en la norma es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda comunicó un nuevo aplazamiento hasta octubre de 2028, que según las fuentes consultadas está pendiente de formalizarse en una norma; hasta su publicación en el BOE no debe darse por definitivo. Los requisitos técnicos no cambian, así que la estación debería exigir ya a su proveedor de TPV un software adaptado.
La razón para no esperar es sancionadora: el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria castiga la tenencia de sistemas no certificados o alterados con una multa fija de 50.000 euros por ejercicio. En una gasolinera, con TPV, surtidores y gestión de flotas integrados, conocer qué software se usa y quién lo certifica es una obligación de diligencia.
Riesgos de inspección y defensa
Si la contabilidad o los registros no permiten determinar con exactitud las ventas, la Administración puede acudir a la estimación indirecta (artículo 53 de la Ley General Tributaria), y las diferencias de inventario no explicadas son su principal argumento. Las actuaciones tienen un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en determinados supuestos, y la prescripción general es de cuatro años. Sobre impuestos autonómicos específicos de carburantes, no se ha verificado para esta guía ninguno de aplicación general en Baleares, por lo que no se describe ninguno como regla.
Una defensa eficaz sigue un orden: ordenar la documentación de compras, cierres y cobros; reconstruir la conciliación litro a litro y justificar técnicamente las mermas; y valorar si procede aceptar parte de la propuesta, aprovechando las reducciones de sanción, o impugnar la liquidación en vía económico-administrativa. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de gasolineras, IVA, Verifactu e inspecciones.
LRB Tax & Legal en Palma para estaciones de servicio
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a gasolineras y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el contrato de abanderamiento, el tratamiento del IVA de carburante y tienda, la conciliación de existencias y la adaptación a Verifactu, y asumimos la defensa desde el primer requerimiento. Para cuantificar diferencias de inventario o de ventas con una prueba técnica independiente, puede acudir a ValiTax Informes Periciales.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de IVA se aplica al carburante en una gasolinera?Como regla, el tipo general del 21 %. Las rebajas de 2026 han afectado al Impuesto sobre Hidrocarburos, no al IVA del carburante. La tienda y los servicios accesorios pueden tributar a tipos distintos según el producto.
¿Qué pasa si hay diferencias entre el inventario de tanques y las ventas?Hacienda puede considerarlas ventas no declaradas y recurrir a la estimación indirecta. La defensa consiste en justificar las mermas con mediciones, calibraciones y registros, y en reconstruir la conciliación de compras, existencias y ventas.
¿Cambia la fiscalidad si la gasolinera opera en comisión o en compraventa?Sí. En la compraventa el ingreso es el precio de venta y el margen; en la comisión, el ingreso es la comisión y el titular del carburante es el operador. Hacienda atiende a la realidad del contrato y no a su denominación.
Si gestiona una gasolinera en Mallorca o Baleares y quiere revisar su situación fiscal o prepararse ante una comprobación, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
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Operadores petrolíferos en Baleares: hidrocarburos, DAE y garantías
El suministro de carburantes en Baleares es un negocio con una logística propia: producto que se almacena, se mueve entre instalaciones autorizadas y llega a estaciones de servicio y consumidores repartidos por varias islas. Para un operador con actividad en Mallorca, la fiscalidad de los operadores petrolíferos combina el Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA y un control administrativo muy estricto sobre depósitos fiscales, circulación y proveedores. Un error documental se traduce en cuotas, recargos y sanciones. En este artículo repasamos lo esencial, apoyándonos en el marco normativo vigente y en las reformas recientes.
Baleares dentro del ámbito de los impuestos especiales
El Impuesto sobre Hidrocarburos es uno de los impuestos especiales de fabricación regulados en la Ley 38/1992. Según su artículo 5, el hecho imponible lo constituyen la fabricación, la importación y la introducción irregular de estos productos en el ámbito comunitario. La norma se aplica en la Península y Baleares, y no en Canarias, Ceuta ni Melilla (art. 3), que tienen un régimen indirecto propio. Para un operador balear esto significa que se rige por el mismo marco de suspensión, devengo y garantías que un operador peninsular.
A esa ley se suman su Reglamento (Real Decreto 1165/1995), la Directiva (UE) 2020/262, que desde febrero de 2023 fija el régimen general de los impuestos especiales, y la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, que regula las actividades de suministro y distribución. Conviene tener presentes las tres capas, porque la inspección cruza datos de todas ellas.
Devengo: salida a consumo o salida en suspensión
La regla general del artículo 7.1.a) de la Ley 38/1992 es que el impuesto se devenga en el momento de la salida de fábrica o del depósito fiscal, salvo que el producto salga en régimen suspensivo hacia otro establecimiento autorizado. En la importación, el devengo sigue la normativa aduanera. Esa distinción entre salida a consumo y salida en suspensión es la clave de la fiscalidad del sector: mientras el producto circula en suspensión no se paga el impuesto, pero se asume la obligación de acreditar su llegada a un destino autorizado. Si la llegada no se justifica, la salida se considera irregular y el devengo se produce con sus consecuencias.
Depósitos fiscales, destinatarios y expedidores registrados
El régimen suspensivo solo funciona entre sujetos autorizados. El artículo 4 de la ley define las figuras principales, que el operador debe distinguir con precisión:
- Depósito fiscal: establecimiento, o red de tuberías, autorizado para recibir, almacenar, expedir y transformar productos en suspensión. Exige contabilidad de existencias, control de entradas y salidas y garantía.
- Destinatario registrado: persona autorizada a recibir productos en suspensión procedentes de otro Estado miembro. Debe acusar recibo del envío y declarar la recepción.
- Expedidor registrado: persona autorizada a expedir productos en suspensión únicamente desde el lugar de importación, tras el despacho aduanero.
La autorización, las existencias y las mermas se auditan con frecuencia. Una diferencia de inventario no justificada es una de las regularizaciones más habituales, porque se interpreta como producto salido a consumo sin haber pagado el impuesto.
Circulación con DAE y garantías
Los productos en régimen suspensivo circulan amparados por un documento administrativo electrónico (DAE), generado en el sistema informatizado de circulación de impuestos especiales (EMCS). El DAE identifica al expedidor, al destinatario, la mercancía, las cantidades y el itinerario, y se cierra con el informe de recepción cuando el producto llega a destino. Los errores más frecuentes son el cierre fuera de plazo, las diferencias entre lo expedido y lo recibido, los cambios de destino sin actualizar el documento y las expediciones sin DAE válido. Conviene conciliar mensualmente los DAE emitidos y recibidos con la contabilidad de existencias.
La normativa exige además garantías a quienes operan en suspensión, para asegurar el pago de la deuda si el producto no llega a su destino autorizado o sale a consumo sin tributar. Su cuantía y forma se rigen por la ley y su Reglamento, y varían según la figura y el volumen de operaciones. Mantenerlas vigentes y suficientes es una obligación continua y no un trámite de alta.
Registro de operadores de la CNMC y prueba del pago del impuesto
Para vender al por mayor productos petrolíferos hay que cumplir los requisitos de la Ley 34/1998 y figurar en el listado de operadores que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras la reforma de la Ley 7/2024, la Ley 38/1992 establece que una factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos si se detectan en el carburante productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados, o si se compró a operadores que no figuran en ese listado. En la práctica, comprar a un proveedor no inscrito deja al adquirente sin prueba del pago del impuesto.
IVA tras la Ley 7/2024: último depositante y garantía
Según las novedades de la AEAT, la Ley 7/2024, publicada en el BOE el 21 de diciembre de 2024, modificó el artículo 19.5.º de la Ley 37/1992 del IVA. La ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero se entiende realizada por el último depositante del producto extraído del depósito fiscal, que debe liquidar el IVA de la operación asimilada a una importación. La misma norma añade una garantía del IVA de las entregas posteriores, mediante aval de entidad de crédito o de seguro, o mediante pago a cuenta del IVA de una entrega concreta; están exentos los operadores económicos autorizados y los operadores confiables. Además, el Reglamento del IVA fija el mes natural como período de liquidación para los titulares de depósitos fiscales de estos productos y para las empresas que extraen producto de ellos.
Fuera de la reforma subsiste el artículo 87.5 de la Ley del IVA: responde subsidiariamente el destinatario que debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando paga un precio notoriamente anómalo.
Tramo autonómico: una cuestión abierta
El antiguo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el «céntimo sanitario», se integró en el Impuesto sobre Hidrocarburos en 2013, lo que dio lugar al llamado tramo autonómico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su sentencia de 30 de mayo de 2024 (asunto C-743/22) que ese tramo autonómico es contrario a la Directiva 2003/96/CE, porque permite tipos distintos para el mismo producto según dónde se consume. Queda abierta la cuestión de quién puede reclamar la devolución.
Riesgos de inspección más frecuentes
- Diferencias de existencias o mermas superiores a las admisibles en el depósito fiscal.
- DAE cerrados fuera de plazo, sin recepción o con cambios de destino no documentados.
- Compras a operadores que no constan en el listado de la CNMC o con precios anormalmente bajos.
- Garantías insuficientes, caducadas o no ajustadas al volumen real de operaciones.
- Falta de acreditación del último depositante ante el titular del depósito antes de la extracción.
- Incoherencias entre el IVA declarado, las existencias y las facturas emitidas y recibidas.
La Agencia Tributaria controla el sector con varias herramientas a la vez: cruces de DAE y contabilidad de existencias, inspecciones en depósitos, actuaciones en estaciones de servicio, análisis de marcadores y trazadores y control del despacho aduanero. La acción de la Administración prescribe a los cuatro años, la inspección tiene una duración general de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos previstos, y la reclamación económico-administrativa se presenta en el plazo de un mes desde la notificación. La defensa empieza antes del requerimiento: un operador protegido conserva contratos, facturas, albaranes, DAE, justificantes de pago y comprobaciones de proveedores. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de operadores petrolíferos e inspecciones fiscales.
LRB Tax & Legal en Palma para operadores del sector
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a operadores petrolíferos y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos la estructura de depósitos, garantías y proveedores, preparamos la documentación antes de la comprobación y asumimos la defensa en el procedimiento inspector, en la vía económico-administrativa y en la contenciosa. Cuando el debate es cuantitativo, como una merma, un precio o un margen, puede apoyarse en un informe independiente de ValiTax Informes Periciales.
Preguntas frecuentes
¿Se aplica el Impuesto sobre Hidrocarburos en Baleares?Sí. Según el artículo 3 de la Ley 38/1992, la norma se aplica en la Península y Baleares, y no en Canarias, Ceuta ni Melilla, que tienen un régimen indirecto propio.
¿Cuándo se devenga el Impuesto sobre Hidrocarburos?Con carácter general, en la salida de fábrica o del depósito fiscal, salvo que el producto salga en régimen suspensivo hacia otro establecimiento autorizado. En la importación, el devengo sigue la normativa aduanera.
¿Qué pasa si compro a un proveedor que no figura en el listado de la CNMC?Su factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos, según la Ley 38/1992 tras la reforma de la Ley 7/2024, por lo que Hacienda puede exigir el impuesto al adquirente.
Si su empresa opera en el sector petrolífero en Mallorca o Baleares y necesita revisar su cumplimiento o prepararse ante una comprobación, contacte con LRB Tax & Legal. Contenido informativo y orientativo; no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.
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Heladerías en Mallorca: temporada, efectivo y control de mermas
En Mallorca, una heladería abre con la primavera, vive su momento álgido en pleno verano y baja la persiana, o reduce la actividad, cuando termina la temporada. Esa concentración de ventas en pocos meses, con miles de clientes que pagan en el acto y producto de bajo importe unitario, explica por qué la fiscalidad de las heladerías atrae tanta atención de la Agencia Tributaria. El patrón es el mismo para chiringuitos, cafeterías de playa, terrazas, kioscos y restaurantes de temporada. En este artículo repasamos qué debe controlar un negocio de este tipo en Baleares para llegar a una inspección con las cuentas explicadas.
Pocos meses, muchas ventas: por qué se mira a la hostelería estacional
Una heladería concentra sus ingresos en poco tiempo y atiende a un cliente que paga en efectivo o con tarjeta sin pedir factura. Esa combinación facilita que la Administración construya una comparación sencilla entre lo comprado, lo producido y lo declarado: si las compras de materias primas no cuadran con las ventas, Hacienda sospecha de ventas no declaradas. En todos estos negocios importan tres cosas: declarar todas las ventas, justificar todas las compras y conservar la documentación que lo demuestre.
IVA de los helados: local y para llevar
La Ley 37/1992 del IVA aplica el tipo reducido del 10 % al suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, es decir, a los servicios de restauración. Para la venta para llevar, el criterio general es que se trata de una entrega de bienes y, cuando el producto es un alimento destinado a la nutrición humana, tributa también al 10 % conforme al artículo 91.Uno.1.1.º. Los helados encajan, con carácter general, en esa categoría, de modo que el mismo helado suele tributar al 10 % tanto si se toma en la terraza como si se lleva en cucurucho.
Conviene no generalizar, porque el tipo depende de cada producto. Las bebidas alcohólicas vendidas como producto y los artículos no alimenticios, como el merchandising o los envases de regalo, tributan al 21 %. Si el negocio vende productos con tipos diferentes, el programa de caja debe desglosar cada tipo en el ticket y en el cierre diario. Ante dudas con un producto concreto, lo prudente es consultar la doctrina de la DGT antes de fijar el criterio.
Efectivo y TPV: lo que ve Hacienda
El efectivo no es ilegal, pero es el cobro que más sospechas despierta. La Administración cruza datos de forma sistemática y las entidades financieras comunican a la Agencia Tributaria los cobros realizados con tarjeta en cada establecimiento. Si el TPV refleja una parte muy elevada de la facturación real y la caja declarada es muy inferior, la discrepancia salta de inmediato. Para reducir el riesgo, conviene seguir unas reglas básicas:
- Registrar cada venta, también las pagadas en efectivo, en un sistema de caja que no permita borrados sin rastro.
- Realizar un cierre de caja diario y conservar el listado de cierre y su cuadre con el efectivo y los cobros por tarjeta.
- Ingresar el efectivo en el banco con regularidad y de forma coherente con las ventas.
- No pagar con efectivo operaciones empresariales por encima del límite legal, que con carácter general es de 1.000 euros por operación entre empresarios.
- Separar los gastos personales de los del negocio.
Temporada y personal: fijos discontinuos y cotizaciones
La plantilla de una heladería crece y decrece con la temporada. Desde la reforma laboral de 2021, la contratación temporal está muy limitada y la vía ordinaria para actividades cíclicas es el contrato fijo discontinuo. Un error en la modalidad contractual no solo tiene consecuencias laborales: también afecta a las cotizaciones y, por tanto, a la deducibilidad del gasto de personal. En una inspección se contrastan las altas en Seguridad Social con el volumen de ventas y con las horas realmente abiertas; si hay mucha actividad y pocos trabajadores dados de alta, la Administración puede presumir trabajo sin declarar. Conviene registrar el calendario de apertura, los turnos y las nóminas, y retener y declarar correctamente el IRPF de los trabajadores (modelos 111 y 190).
Materias primas y mermas: donde se deciden las actas
El inspector parte de las compras de leche, nata, azúcar, pasta, fruta, cucuruchos y tarrinas, aplica un rendimiento por kilo o por litro y calcula cuántos helados podrían haberse vendido. Si el resultado supera las ventas declaradas, la diferencia se considera ingreso no declarado. Para defenderse, el negocio necesita documentar tres elementos: las recetas y rendimientos reales, el inventario inicial y final de cada temporada y un registro de mermas con su causa (producto caducado, roturas de frío, degustaciones, devoluciones, regalos de promoción). Una merma sin soporte no suele aceptarse; una merma documentada permite combatir el rendimiento teórico que aplica la Administración.
Verifactu: calendario vigente y cautela
El Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, fijó el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de empresarios y profesionales, incluidos los autónomos. El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda comunicó que prevé ampliar de nuevo el plazo hasta octubre de 2028, pero esa previsión no se ha plasmado todavía en una norma publicada en el BOE, por lo que las fechas legales siguen siendo las de 2027 hasta que se apruebe la disposición que las modifique. Un negocio estacional debería elegir su programa de caja antes de abrir la temporada, no en mitad de ella, y exigir al proveedor una declaración responsable de que el software cumplirá el reglamento.
Obrador propio, local alquilado y régimen de tributación
Una heladería con obrador propio fabrica su helado y compra materias primas; otra puede revender helado elaborado por un proveedor. Fiscalmente la diferencia es relevante: cambia el tipo de existencias, los rendimientos esperables y los gastos deducibles. Si el obrador está en un local distinto del punto de venta, o abastece a varios locales, hay que documentar los traslados de mercancía y valorar si conviene separar la actividad en una sociedad. El alquiler del local, principal gasto fijo, lleva IVA, y el arrendatario empresario debe practicar retención sobre la renta y presentar los modelos 115 y 180; olvidarla es un error frecuente que acaba en sanción.
El régimen de estimación objetiva (módulos) sigue existiendo para actividades de hostelería y comercio minorista que cumplan los límites de facturación y compras, pero su vigencia año a año depende de la orden ministerial anual. Para un autónomo no siempre es evidente cuál conviene: los módulos simplifican, pero no tienen en cuenta el resultado real. Las sociedades no pueden acogerse. Antes de renunciar o de aplicarlos, conviene simular ambas opciones.
Inspección: cierre de caja, inventario y defensa
En una visita al local, la Inspección puede pedir el cierre del día, comparar la numeración de los tickets y comprobar si hay saltos, anulaciones o ventas sin registrar. También puede realizar observaciones presenciales para contar clientes y cobros durante varias horas y cotejarlos con la caja declarada. Cuando concluye que hay ventas ocultas, regulariza IVA e IRPF o Impuesto sobre Sociedades, cobra intereses de demora y propone una sanción que, conforme a la Ley General Tributaria, puede situarse entre el 50 % y el 150 % de la cuota si hay ocultación.
- Revisar la comunicación de inicio: alcance, impuestos y ejercicios afectados.
- Reunir libros, facturas de compra, cierres de caja, inventarios, nóminas y extractos bancarios.
- Responder dentro de plazo y solo a lo que se pregunta.
- Cuestionar los métodos indirectos si no están bien motivados, con apoyo en recetas, rendimientos y mermas acreditadas.
- Valorar un informe pericial que cuantifique el rendimiento real de la actividad.
- Recurrir las liquidaciones y sanciones en vía económico-administrativa y, si procede, judicial.
Para ampliar el análisis, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de heladerías e inspecciones en hostelería estacional.
LRB Tax & Legal en Palma para la hostelería de temporada
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a heladerías y negocios de hostelería y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el tratamiento del IVA, la política de caja, la adaptación a la facturación electrónica y el régimen de tributación más conveniente, y acompañamos al empresario en comprobaciones, inspecciones y recursos. Si necesita cuantificar el rendimiento real de la actividad con un informe independiente, puede acudir a ValiTax Informes Periciales.
Preguntas frecuentes
¿Qué IVA llevan los helados para llevar?Con carácter general, los helados son alimentos y tributan al 10 % tanto si se consumen en el local como si se venden para llevar. Otros productos, como las bebidas alcohólicas o el merchandising, pueden tributar al 21 %.
¿Cuándo es obligatorio Verifactu para una heladería?Según el calendario legal vigente, el 1 de enero de 2027 para sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos. Hacienda ha anunciado un nuevo aplazamiento hasta octubre de 2028, pendiente de publicarse en el BOE.
¿Cómo calcula Hacienda las ventas no declaradas de una heladería?Suele aplicar métodos indirectos: parte de las compras de materias primas, aplica un rendimiento por kilo o litro y compara el resultado con las ventas declaradas. Se combate con recetas, inventarios y un registro documentado de mermas.
Si tiene una heladería o un negocio de hostelería de temporada en Mallorca o Baleares, contacte con LRB Tax & Legal para revisar su situación fiscal o prepararse ante una comprobación. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento personalizado.
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Zapaterías en Mallorca: IVA, rebajas y existencias ante Hacienda
Una zapatería de Mallorca trabaja con dos ritmos a la vez: el de las colecciones de calzado, que caducan cada temporada, y el de una isla donde la afluencia de clientes cambia radicalmente entre el invierno y el verano. Al mismo escaparate llegan el vecino de toda la vida, el residente extranjero y el visitante de paso. La fiscalidad de una zapatería combina IVA al tipo general del 21 %, un posible recargo de equivalencia, existencias muy estacionales y un cobro mixto entre tarjeta y efectivo. Hacienda las comprueba cruzando inventario, compras y márgenes, y exige una facturación fiable. Este artículo recoge lo esencial para un comercio de calzado balear.
Un comercio con picos de temporada y rebajas
El comercio de calzado tiene rasgos propios: mucho producto con pocas referencias repetidas, tallas que no rotan, colecciones que caducan y campañas de rebajas que concentran buena parte de las ventas. En una isla turística, a ello se añade la estacionalidad del cliente. Todo ello deja huella contable y es precisamente lo que revisa la Administración. Para Hacienda, un margen bruto que cae de golpe en un trimestre no es un problema por sí mismo, pero exige una explicación documentada: calendario de rebajas, descuentos aplicados y stock vendido.
IVA al 21 % y recargo de equivalencia
La venta de calzado tributa, con carácter general, al tipo del 21 % de la Ley 37/1992 del IVA, tanto en el calzado de adulto como en el infantil. Esto simplifica el día a día, porque no hay mezcla de tipos, pero obliga a ser rigurosos con los servicios accesorios (arreglos, plantillas a medida, reparaciones), que conviene facturar y registrar de forma separada.
El régimen especial del recargo de equivalencia puede aplicarse al comerciante minorista que sea persona física o comunidad de bienes, venda habitualmente bienes sin transformarlos y destine la gran mayoría de sus ventas al consumidor final. Las sociedades mercantiles, como una sociedad limitada, quedan fuera y tributan en el régimen general. Los tipos de recargo vigentes son del 5,2 % sobre operaciones al 21 %, del 1,4 % sobre las del 10 % y del 0,5 % sobre las del 4 %; en una zapatería, el recargo habitual es el 5,2 %. El proveedor repercute IVA más recargo en cada factura de compra y el comerciante no presenta autoliquidaciones de IVA por esas ventas ni deduce lo soportado. Un error de encuadre es una causa frecuente de regularización, de modo que conviene confirmarlo cada ejercicio.
Rebajas y liquidaciones: qué conviene dejar documentado
Las rebajas y las liquidaciones están reguladas en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista. Las rebajas son ventas con reducción de precio de artículos que ya se ofrecían antes; la liquidación es una venta excepcional por cese de actividad, cambio de local, reforma o causa de fuerza mayor. Desde el punto de vista fiscal conviene recordar tres ideas:
- El descuento debe quedar reflejado en el ticket o la factura; el IVA se calcula sobre el precio realmente cobrado.
- Las ventas por debajo del coste de adquisición exigen soporte: obsolescencia, defecto, fin de serie o decisión comercial justificada.
- Los precios de partida y de rebaja deben conservarse en el sistema para poder reconstruir el margen de cada campaña.
Existencias y obsolescencia: la partida que más ajustes genera
Las existencias son el activo principal de una zapatería. El Plan General de Contabilidad obliga a valorarlas por su precio de adquisición y a asignar el coste a las unidades salidas por el método de coste medio ponderado o FIFO; no admite el método LIFO. Si el valor neto realizable cae por debajo del coste, procede registrar un deterioro. En calzado, la obsolescencia es real: modelos fuera de temporada, tallas extremas sin salida o producto dañado. Sin embargo, Hacienda desconfía de las dotaciones genéricas y sin soporte, por lo que conviene contar con:
- Inventario físico valorado a cierre de ejercicio, firmado y conservado.
- Antigüedad del stock por temporada y referencia, y criterio de depreciación aplicado de forma constante.
- Histórico de precios de rebaja y ventas posteriores al cierre que acrediten el valor neto realizable.
- Soporte de las bajas por rotura, donación o destrucción, con fecha, unidades y valor.
Efectivo, TPV, devoluciones y venta online
El comercio minorista con cobro en efectivo es uno de los sectores más vigilados. La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo en operaciones en las que interviene un empresario (1.000 euros con carácter general, con un umbral superior para determinados clientes no residentes), de modo que una venta de importe elevado cobrada en metálico merece documentarse con identificación del comprador. Los cobros con tarjeta dejan rastro: la AEAT recibe información de las entidades que prestan el servicio de TPV y puede comparar el importe cobrado con las ventas declaradas. La regla práctica es sencilla: cada cobro debe tener su ticket o factura, y cada ticket debe llegar a la contabilidad.
Las devoluciones con reembolso deben documentarse con una factura o ticket rectificativo conforme al Reglamento de facturación, y ajustar el IVA repercutido y el stock. Si la zapatería vende también por internet, debe vigilar el IVA de las ventas a consumidores de otros Estados miembros, que puede declararse en la ventanilla única (OSS) una vez superado el umbral comunitario de 10.000 euros, y conciliar lo que liquida el marketplace con lo que se contabiliza.
Verifactu: calendario vigente
El Real Decreto-ley 15/2025 fijó como fechas legales de aplicación el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. El Ministerio de Hacienda ha anunciado en octubre de 2026 un nuevo aplazamiento hasta octubre de 2028, pero a la fecha de redacción no consta publicado en una norma, por lo que esas fechas siguen siendo las legalmente vigentes hasta que se apruebe la modificación. Antes de renovar el TPV o el programa de gestión, conviene exigir al proveedor su declaración responsable, y recordar que está prohibido el software que permita alterar o ocultar ventas.
Inspección de comercio: cómo reconstruye Hacienda las ventas
En una inspección a una zapatería, el técnico rara vez parte de una sola prueba. Lo habitual es reconstruir las ventas con la fórmula básica de existencias iniciales más compras menos existencias finales, y compararla con las ventas declaradas, con los cobros por TPV y con los márgenes brutos de empresas similares. Si las cifras no cuadran y la contabilidad no resulta fiable, la Administración puede acudir a la estimación indirecta del artículo 53 de la Ley General Tributaria. Las consecuencias incluyen la cuota, los intereses de demora y las sanciones por dejar de ingresar, cuya cuantía parte del 50 % de la cuota y puede ser superior si se aprecia ocultación.
La defensa empieza antes de recibir el requerimiento: contabilidad ordenada, inventarios fechados y una política de precios documentada. Una vez iniciadas las actuaciones, que con carácter general tienen una duración máxima de 18 meses, conviene limitar la documentación a lo solicitado, reconstruir el inventario y el margen con datos propios, cuestionar las comparaciones sectoriales cuando el negocio tenga rasgos distintos (ubicación, marca, estacionalidad) e impugnar la estimación indirecta cuando no concurran los presupuestos legales. Para el análisis completo puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de zapaterías, IVA, existencias e inspecciones.
LRB Tax & Legal en Palma para el comercio de calzado
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a zapaterías y comercio minorista y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el encaje en recargo de equivalencia o régimen general, ordenamos la valoración de existencias, preparamos la adaptación a Verifactu y acompañamos al comerciante en comprobaciones y recursos. Si necesita respaldar la valoración de su stock o de su negocio, puede acudir a ValiTax Informes Periciales.
Preguntas frecuentes
¿Qué IVA se aplica a la venta de zapatos?Con carácter general el 21 %, tanto al calzado de adulto como al infantil. Si el comerciante está en recargo de equivalencia, el proveedor añade además un 5,2 % en sus facturas de compra.
¿Puede una zapatería constituida como sociedad limitada aplicar el recargo de equivalencia?No. El recargo de equivalencia está pensado para personas físicas y comunidades de bienes. Las sociedades mercantiles tributan en el régimen general del IVA y presentan sus autoliquidaciones periódicas.
¿Cómo comprueba Hacienda las ventas de una zapatería?Reconstruye las ventas con existencias iniciales, compras y existencias finales, y las compara con los cobros por TPV, el margen del sector y el recuento físico del inventario. Si la contabilidad no es fiable, puede aplicar la estimación indirecta.
Si tiene una zapatería en Mallorca o Baleares y quiere revisar su fiscalidad o prepararse ante una inspección, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
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Agentes y corredores de seguros en Mallorca: IVA, IRPF y prorrata
Un mediador de seguros que trabaja desde Palma, Manacor o Ibiza atiende a una cartera muy variada: vecinos de la isla, propietarios de segundas residencias, pequeños negocios turísticos y clientes extranjeros que contratan pólizas en Baleares. Ese perfil, sumado a la dispersión de comisiones entre varias aseguradoras, hace que la fiscalidad de agentes y corredores de seguros tenga más matices de los que parece. La regla básica es sencilla: las comisiones por mediar en contratos de seguro están exentas de IVA, pero tributan por IRPF o por el Impuesto sobre Sociedades, soportan retenciones y quedan bajo la mirada de Hacienda. Este artículo repasa lo esencial desde el punto de vista de un mediador con actividad en Mallorca.
Un mediador con cartera diversa: por qué el orden fiscal importa
La Agencia Tributaria dispone de datos masivos sobre el sector: las aseguradoras informan de las comisiones que pagan y de las retenciones practicadas, de modo que Hacienda cruza lo que el mediador declara con lo que cada compañía comunica. Cuando el mediador trabaja con varias aseguradoras, mantiene subagentes o factura parte de su actividad a través de una sociedad, el volumen de certificados y de modelos informativos crece, y cualquier desajuste se detecta con facilidad. Por eso conviene tener un circuito ordenado de contratos, certificados de retenciones, contabilidad y facturas.
La exención de IVA en la mediación de seguros
El artículo 20.Uno.16.º de la Ley 37/1992 declara exentas las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, y extiende la exención a las prestaciones de servicios relativas a ellas que realizan los agentes y corredores de seguros. La comisión que cobra el mediador a la aseguradora no lleva IVA, y la factura debe emitirse sin repercutir impuesto y con la mención expresa de la exención.
La doctrina de la Dirección General de Tributos subraya que la exención es objetiva: depende del servicio prestado y no de que el prestador figure como agente, subagente o corredor. En la consulta vinculante V2659-23, de 2 de octubre de 2023, la DGT consideró exentos los servicios de captación de clientes, asesoramiento previo y celebración del contrato, y no exentos el mero suministro de datos de posibles clientes (los llamados leads), que tributa al 21 %. Un mediador que además presta servicios distintos de la mediación, como consultoría o formación, debe facturarlos con IVA.
Agente exclusivo, vinculado y corredor: tres figuras, tres riesgos
La distribución de seguros se rige por el Real Decreto-ley 3/2020, que distingue varias figuras con efectos fiscales distintos. El agente exclusivo trabaja con una sola aseguradora y percibe comisiones de una única pagadora, con riesgo de recalificación laboral si existe subordinación real. El agente vinculado actúa para varias aseguradoras, siempre que los productos no compitan entre sí, lo que implica varios certificados de retenciones y un mayor control de ingresos cruzados. El corredor es un mediador independiente que asesora al cliente y elige entre aseguradoras, y suele operar con más estructura de gastos y personal.
Desde la perspectiva tributaria, lo decisivo no es la etiqueta del contrato sino su realidad: ordenación propia de medios, asunción del riesgo, libertad de horario y de clientes.
Retenciones sobre las comisiones: 15 % y 7 %
Cuando el mediador es persona física, la aseguradora debe practicar retención o ingreso a cuenta sobre las comisiones. Según el cuadro de tipos publicado por la Agencia Tributaria, los tipos son los siguientes:
- 15 % con carácter general en actividades profesionales.
- 7 % para mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos.
- 7 % para profesionales de nuevo inicio, en el año de inicio y en los dos siguientes, si cumplen los requisitos.
Si el mediador factura a través de una sociedad, la comisión no sufre retención de IRPF, porque este mecanismo solo opera cuando el perceptor es persona física. Además, el mediador que contrata personal, subagentes o profesionales externos asume sus propias obligaciones de retención y debe ingresarlas mediante los modelos 111 y, en su caso, 190.
Autónomo o sociedad: cómo decidir
Si el mediador actúa como persona física, sus comisiones son rendimientos de actividades económicas y tributan a la escala general del IRPF, con estimación directa normal o simplificada según la cifra de negocios. Si factura desde una sociedad, el beneficio tributa en el Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25 %, con tipos reducidos para microempresas y entidades de nueva creación cuando se cumplan los requisitos. La sociedad permite reinvertir beneficios y diferir la tributación personal, pero obliga a retribuir correctamente al socio que trabaja y a asumir más gestión contable y registral.
No existe una respuesta universal: la decisión depende del volumen de comisiones, de los gastos, del patrimonio y de la intención de reinvertir. El paso a sociedad exige cuidar la aportación del negocio, el contrato con la aseguradora y la cartera de clientes; un traspaso mal planteado puede acabar en una discusión sobre valoración de la cartera.
IAE y prorrata de IVA
Los agentes y corredores se encuadran en la sección segunda de las tarifas del IAE (actividades profesionales), grupo 712, y el alta censal es obligatoria al iniciar la actividad. La cuota queda en la práctica exenta para las personas físicas y para las sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere un millón de euros, por lo que conviene vigilar ese límite.
Un mediador cuyos ingresos proceden solo de comisiones exentas no tiene derecho a deducir el IVA soportado en sus gastos. Si además realiza operaciones sujetas y no exentas, como asesoramiento no vinculado a la mediación, debe aplicar las reglas de deducción de los artículos 93 a 106 de la Ley del IVA: deducción directa cuando el IVA se utiliza exclusivamente en operaciones con derecho a deducir y puede separarse con criterios objetivos, o prorrata cuando hay gastos comunes. Los errores típicos son deducir todo el IVA de un gasto común, no regularizar la prorrata definitiva al cierre y no distinguir los servicios de mediación de los servicios sujetos.
Riesgos de inspección y defensa
- Ingresos no declarados o desajustes entre la comisión certificada y la declarada.
- Gastos no justificados, mixtos o con uso privado, como vehículo, vivienda o viajes.
- Facturar con IVA lo que está exento, o dejar de repercutirlo en servicios que no son mediación.
- Prorrata incorrecta y deducción de IVA no deducible.
- Sociedad interpuesta sin medios ni actividad real, con retribución de socios irregular.
- Recalificación laboral del agente exclusivo con dependencia efectiva.
Ante un requerimiento, la defensa se construye desde el primer día: ordenar el contrato con la aseguradora, los certificados de retenciones, la contabilidad y las facturas, analizar la corrección de la prorrata y no aportar documentación sin revisarla. El procedimiento de inspección tiene un plazo general de duración de 18 meses, ampliable en los supuestos de la Ley General Tributaria, y si la liquidación llega se puede recurrir en reposición o ante el Tribunal Económico-Administrativo. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de agentes y corredores de seguros, IVA e inspección.
LRB Tax & Legal en Palma para mediadores de seguros
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a mediadores de seguros y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos la estructura entre autónomo y sociedad, diseñamos la facturación y la prorrata y acompañamos al mediador en comprobaciones y recursos. Si la operación incluye la compra o venta de una cartera o corredoría, un informe independiente de ValiTax Informes Periciales puede respaldar su valoración.
Preguntas frecuentes
¿Están exentas de IVA las comisiones de un mediador de seguros?Sí. El artículo 20.Uno.16.º de la Ley del IVA exenta los servicios de mediación de agentes y corredores. La exención es objetiva: servicios distintos de la mediación, como la mera cesión de datos de clientes, tributan al 21 %.
¿Qué retención se aplica a las comisiones de un agente persona física?La retención general es del 15 %. Se aplica el 7 % si utiliza auxiliares externos o si está en su año de inicio y los dos siguientes. Si factura una sociedad, no hay retención de IRPF.
¿Cuándo tiene un mediador prorrata de IVA?Solo cuando realiza operaciones exentas y otras con derecho a deducir y tiene gastos comunes. Se divide el volumen de operaciones con derecho a deducir entre el total y se aplica ese porcentaje al IVA soportado de los gastos comunes.
Si es agente o corredor de seguros en Mallorca o Baleares y necesita ordenar su fiscalidad o prepararse ante una comprobación, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.