Asesor Fiscal Mallorca

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  • Fiscalidad del sector audioprotésico: guía para Mallorca

    Fiscalidad del sector audioprotésico: guía para Mallorca

    La fiscalidad del sector audioprotésico combina servicios sanitarios, venta de productos y, a menudo, estructuras de grupo o franquicia. Las pruebas auditivas con finalidad diagnóstica pueden estar exentas de IVA, mientras que parte de los accesorios tributa al 21 %. Entender cada flujo de ingresos es la base para deducir bien el impuesto y evitar contingencias.

    Un centro auditivo en Mallorca opera con el mismo IVA que en la península, sin IGIC. Lo que lo distingue es su clientela: residentes de edad avanzada, extranjeros que pasan largas temporadas en la isla y turistas que necesitan una revisión o una reparación urgente. Esa mezcla exige una facturación muy cuidada y una documentación clínica coherente.

    Qué actividades integran un centro auditivo

    Desde el punto de vista tributario, un centro audioprotésico no realiza una sola operación, sino varias con tratamientos distintos. Identificarlas por separado es el primer paso de cualquier planificación seria:

    • Pruebas y exploraciones auditivas, con posible carácter diagnóstico.
    • Venta y adaptación de prótesis auditivas, con tipo reducido en los casos legalmente previstos.
    • Venta de pilas, accesorios, productos de limpieza y dispositivos de consumo.
    • Servicios de revisión, mantenimiento y reparación.
    • Posibles ingresos por comisiones, cánones o convenios con terceros.

    Pruebas auditivas: el requisito de la cualificación

    El artículo 20.Uno.3.º de la Ley del IVA exime la asistencia sanitaria prestada por profesionales médicos o sanitarios. En el ámbito auditivo, la exención de una prueba depende de su finalidad diagnóstica y de la cualificación de quien la realiza, no del nombre del establecimiento ni de que se anuncie como gratuita o con descuento. Una audiometría realizada sin la cualificación exigible, o con fin meramente comercial para captar al cliente, no encaja necesariamente en la exención.

    La consecuencia es doble. Si la prueba se cobra por separado, debe valorarse su exención; si se incluye en un paquete con la venta del aparato, hay que decidir si estamos ante una operación única o ante prestaciones diferenciadas. La solución dependerá de cómo se contrate, de cómo se facture y de la coherencia con el expediente del paciente.

    Paquetes de venta y servicios: ¿operación única o varias?

    Es habitual ofrecer un precio cerrado que incluye el aparato, los ajustes, las revisiones y un periodo de garantía. Fiscalmente, el reto es determinar si ese conjunto constituye una prestación única o varias independientes con distinto tipo. Cuando el precio engloba elementos con tratamiento diferente, el desglose debe ser razonable y verificable, no un reparto arbitrario pensado para conseguir un resultado concreto.

    Una revisión posterior puede cuestionar la asignación de precios entre componentes, especialmente si el servicio exento aparece con un importe llamativamente alto o bajo. Documentar el criterio de reparto en una política interna y aplicarlo de forma uniforme reduce la discrecionalidad y mejora la defensa.

    Prorrata y sectores diferenciados

    Si el centro realiza operaciones exentas (por ejemplo, determinados servicios sanitarios) junto con operaciones sujetas y no exentas, solo puede deducir parcialmente el IVA soportado en los gastos comunes. La regla general es la prorrata, calculada sobre el volumen de operaciones. En algunos casos puede ser más ajustado recurrir a los sectores diferenciados del artículo 9.1.c) de la Ley del IVA, con contabilidad separada para cada actividad.

    Antes de optar, conviene comparar escenarios. La prorrata general es más sencilla de administrar, pero puede distorsionar la deducción real si una línea consume muchos recursos y aporta poca facturación. Los sectores diferenciados exigen más control interno, aunque ofrecen una imagen más fiel del uso de los gastos.

    Franquicias, grupos y operaciones vinculadas

    El sector se organiza con frecuencia mediante marcas, franquicias o grupos con varias sociedades: una que gestiona el local, otra que presta el servicio y otra que compra el producto. En ese contexto, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades obliga a valorar a precio de mercado las operaciones entre partes vinculadas, y el umbral general de vinculación entre socio y sociedad se sitúa en el 25 % de participación.

    Las cesiones de local, los cánones, los servicios centrales y las comisiones deben contar con contrato, con una contraprestación razonable y con evidencias de que el servicio se ha prestado de verdad. Un canon que no se corresponde con ninguna prestación identificable es un candidato claro a ajuste en una inspección.

    Convenios con aseguradoras, mutuas y prescriptores

    Muchos centros llegan a acuerdos con aseguradoras, mutualidades o profesionales que derivan pacientes. Estas relaciones requieren un soporte real: qué servicio se presta, a quién, con qué precio y cómo se liquida. Las comisiones o descuentos a prescriptores deben estar documentados y ser coherentes con la práctica del sector; un pago sin contrapartida acreditable puede considerarse no deducible.

    Es útil también revisar si la intermediación genera facturas sujetas a retención o si existen obligaciones informativas asociadas. Un control periódico de los convenios evita que acuerdos antiguos sigan produciendo efectos fiscales sin que nadie los revise.

    Autónomos, sociedades y grupos de centros

    El audioprotesista que ejerce en nombre propio tributa en el IRPF; si abre varios centros, suele constituir una sociedad que sujeta el negocio al Impuesto sobre Sociedades, con un tipo general del 25 %. La elección entre una y otra forma depende del volumen de beneficios, de la política de retribución y de la planificación patrimonial. No existe una respuesta válida para todos los casos, y conviene calcularla con proyecciones reales, teniendo presente la normativa de la Ley del IRPF para el empresario individual.

    Inspección: plazos y puntos de atención

    La prescripción general es de cuatro años, y las actuaciones inspectoras duran con carácter general 18 meses, ampliables a 27 conforme a la Ley General Tributaria. Los puntos que más atención reciben en un centro auditivo son el control de existencias, la calificación de servicios y los cobros en efectivo, que no pueden superar 1.000 euros por operación entre empresarios y profesionales.

    Si el expediente depende de valorar una operación vinculada o de justificar una asignación de precios, puede resultar útil un informe pericial tributario que sustente técnicamente la posición del contribuyente. El tratamiento general del sector se desarrolla en nuestra página sobre la fiscalidad del sector audioprotésico.

    Preguntas frecuentes sobre el sector audioprotésico

    ¿Está exenta de IVA una prueba auditiva?

    Puede estarlo si tiene finalidad diagnóstica y la realiza un profesional con la cualificación sanitaria exigible (art. 20.Uno.3.º LIVA). La exención depende de la finalidad y de quién la presta, no del nombre del centro ni de que se ofrezca como promoción.

    ¿Qué ocurre si vendo el aparato y los servicios en un precio único?

    Hay que valorar si es una operación única o varias con distinto tratamiento. Si se desglosan, el reparto debe ser razonable, documentado y aplicado de forma uniforme. Un desglose arbitrario puede ser cuestionado en una comprobación.

    ¿Puedo deducir todo el IVA de los gastos del centro?

    Solo si no realiza operaciones exentas. Cuando combina exentas y gravadas, la deducción de gastos comunes se limita por la prorrata, salvo que proceda aplicar sectores diferenciados de actividad con contabilidad separada.

    ¿Qué riesgo tienen los cánones entre sociedades del grupo?

    Deben valorarse a precio de mercado (art. 18 LIS) y corresponder a un servicio real y acreditable. Si no hay contrato, prestación identificable o precio razonable, la Administración puede ajustar el importe y negar la deducción.

    Si gestiona un centro auditivo o un grupo audioprotésico en Baleares y desea revisar su estructura fiscal, puede contactar en Contacto@LRB.es o en el +34 684 234 831.

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo.

  • Fiscalidad de clínicas de dermatología en Baleares

    Fiscalidad de clínicas de dermatología en Baleares

    La fiscalidad de clínicas de dermatología en Baleares gira en torno a una pregunta: ¿cada acto médico tiene finalidad terapéutica o estética? Los tratamientos con finalidad diagnóstica o terapéutica están exentos de IVA; los puramente estéticos tributan al 21 %. De esa calificación dependen la facturación, la deducción del IVA soportado y el riesgo en una inspección.

    En Mallorca, Menorca e Ibiza el IVA se aplica igual que en la península y no existe IGIC, de modo que el marco es el de la Ley 37/1992. Lo que cambia en las islas es la realidad del negocio: mucha clientela residente temporal, pacientes extranjeros y una fuerte estacionalidad. Estos factores no alteran las reglas, pero sí condicionan cómo se documenta y se factura cada servicio.

    La exención sanitaria aplicada a la dermatología

    El artículo 20.Uno.3.º de la Ley del IVA declara exentas las prestaciones de asistencia sanitaria realizadas por profesionales médicos o sanitarios. En dermatología encajan, con carácter general, la consulta, el diagnóstico de lesiones cutáneas, la dermatoscopia, las biopsias, el tratamiento del acné, la psoriasis, la dermatitis o la extirpación de lesiones sospechosas. La clave es la finalidad: no importa el nombre de la técnica, sino para qué se aplica al paciente concreto.

    Un mismo láser puede servir para tratar una lesión vascular con repercusión clínica o para eliminar una mancha por razones puramente estéticas. En el primer caso hay prestación sanitaria exenta; en el segundo, una operación sujeta y no exenta. Por eso el criterio no debe fijarse por la tarifa ni por el nombre comercial del tratamiento, sino por la indicación médica que consta en la historia clínica.

    Tratamientos estéticos: tipo general del 21 %

    Cuando el procedimiento no persigue prevenir, diagnosticar, tratar o curar una patología, la prestación tributa al tipo general. Es el caso, habitualmente, de los rellenos con fines de embellecimiento, la toxina botulínica sin indicación terapéutica, los peelings cosméticos o la depilación láser por motivos estéticos. La venta de cosmética y dermocosmética en la propia clínica también se factura con IVA, y debe distinguirse con claridad de la asistencia exenta.

    La frontera entre ambas categorías es una de las zonas que más revisa la Administración. Si necesita profundizar en este criterio, puede consultar nuestro análisis sobre el IVA en servicios sanitarios y estéticos en Mallorca.

    Clínicas mixtas: prorrata y sectores diferenciados

    Una clínica que presta servicios exentos y gravados está en régimen de deducción limitada. El IVA soportado en gastos comunes (alquiler del local, suministros, marketing, software) solo es deducible en la proporción que determina la regla de la prorrata. Si el volumen de actividad estética es relevante, la prorrata general puede arrojar un porcentaje de deducción poco representativo del uso real de los recursos.

    Para estos casos el artículo 9.1.c) de la Ley del IVA contempla los sectores diferenciados de actividad, que permiten aplicar un régimen de deducción separado a cada línea, con contabilidad independiente y cumpliendo los requisitos legales. No es una opción automática ni siempre ventajosa: exige analizar si las actividades tienen códigos CNAE distintos y si la diferencia entre porcentajes de deducción supera el umbral previsto. La decisión debe tomarse con números, no por intuición.

    • Separar en factura el acto médico y el producto cosmético.
    • Asignar costes directos a cada línea desde el inicio del ejercicio.
    • Calcular la prorrata provisional y regularizarla al cierre.
    • Valorar la opción por sectores diferenciados antes de presentar la declaración censal.

    Pacientes extranjeros y clientela turística

    Muchas clínicas de las islas atienden a residentes europeos y a visitantes. La nacionalidad o la residencia del paciente no modifica la exención sanitaria: una consulta dermatológica terapéutica está exenta tanto si la recibe un residente como un turista. Tampoco convierte en exento un tratamiento estético prestado a un extranjero. Conviene recoger siempre los datos identificativos completos, el motivo de consulta y, cuando proceda, el informe de la aseguradora de origen.

    Otra cuestión práctica es el cobro. El límite de pagos en efectivo entre empresarios y profesionales es de 1.000 euros, y las clínicas con pacientes que prefieren abonar en metálico deben vigilar el control interno y la trazabilidad de cada cobro, además de facturar con numeración correlativa.

    Equipos, láseres y amortización en el Impuesto sobre Sociedades

    La inversión en tecnología es elevada: láseres, luz pulsada, dermatoscopios digitales, equipos de fototerapia. Según la tabla de amortización del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el instrumental médico admite un coeficiente lineal máximo del 15 % y un periodo máximo de 14 años. Esto condiciona el calendario de deducción del gasto y debe cruzarse con el tratamiento contable y con la regla de prorrata aplicable al IVA de la inversión.

    Si el equipo se adquiere mediante renting o leasing, el análisis cambia: deben revisarse las cuotas, el valor residual y la deducibilidad de los intereses. Una compra bien dimensionada puede reducir la carga fiscal; una mal planteada genera descuadres entre contabilidad y fiscalidad que resultan visibles en una comprobación.

    Socios, sociedades patrimoniales y operaciones vinculadas

    Es habitual que el dermatólogo titular preste servicios a través de su propia sociedad y que el inmueble sea de su titularidad o de una sociedad familiar. Las operaciones entre la clínica y sus socios o entidades vinculadas deben valorarse a precio de mercado conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Un alquiler muy inferior o superior al de mercado, o un préstamo sin intereses, pueden dar lugar a ajustes.

    La retribución del socio-profesional merece atención específica: la proporción entre sueldo, dividendos y facturación de servicios debe ser coherente con la dedicación real y con lo que cobraría un tercero. Documentar los contratos y mantener la coherencia entre ellos y la contabilidad es la mejor defensa.

    Inspección: qué suele pedir la Administración

    En una comprobación sobre una clínica dermatológica, la Agencia Tributaria suele centrarse en tres bloques: la calificación exenta o gravada de los servicios, la deducción del IVA soportado y la coherencia entre ingresos declarados, cobros y actividad. La carga de acreditar la exención recae sobre quien la aplica, y la prueba principal es la historia clínica, junto con el consentimiento informado, los informes y las facturas desglosadas.

    Conviene recordar los plazos de la Ley General Tributaria: el procedimiento inspector tiene una duración general de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos legalmente previstos. Cuando la discusión versa sobre la finalidad terapéutica o sobre la valoración de operaciones vinculadas, un informe pericial tributario bien fundamentado puede aportar una prueba técnica relevante.

    Cómo ordenar la fiscalidad de la clínica

    Una buena práctica es construir un catálogo de servicios con su calificación fiscal expresa (exento, gravado al 21 %, producto), revisado por el equipo médico y por el asesor. Después se vincula ese catálogo al programa de facturación, de modo que cada línea de factura recoja el tratamiento correcto. Para la estrategia global del grupo, el criterio del sector está desarrollado en nuestra guía de fiscalidad de clínicas de dermatología.

    Preguntas frecuentes sobre fiscalidad de clínicas de dermatología

    ¿Está exenta de IVA una consulta dermatológica?

    Sí, cuando la presta un profesional sanitario con finalidad diagnóstica o terapéutica, conforme al artículo 20.Uno.3.º de la Ley del IVA. La exención se aplica a la prestación médica, no a la venta de productos cosméticos, que tributa al 21 %. Debe quedar acreditada en la historia clínica.

    ¿Tributa al 21 % la dermatología estética?

    Los tratamientos sin finalidad terapéutica, como rellenos de embellecimiento o peelings cosméticos, tributan al tipo general del 21 %. Si un mismo procedimiento tiene en un paciente indicación médica documentada, puede estar exento. Lo decisivo es la finalidad en cada caso, no el nombre del tratamiento.

    ¿Cómo se deduce el IVA en una clínica mixta?

    Al combinar operaciones exentas y gravadas, el IVA de los gastos comunes se deduce aplicando la prorrata. Si se cumplen los requisitos, puede optarse por sectores diferenciados de actividad (art. 9.1.c LIVA) con contabilidad separada. Conviene simular ambas vías antes de decidir.

    ¿Cuánto puede amortizarse un láser médico?

    Según la tabla del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el instrumental médico admite un coeficiente lineal máximo del 15 % y un periodo máximo de 14 años. El plan concreto depende de la vida útil real del equipo y de su tratamiento contable.

    Si su clínica dermatológica en Baleares necesita revisar la calificación de sus servicios, la prorrata o su documentación ante una posible comprobación, puede escribir a Contacto@LRB.es o llamar al +34 684 234 831.

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo.

  • Valoración de participaciones no cotizadas y valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b LIRPF

    Valoración de participaciones no cotizadas y valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b LIRPF

    El valor fiscal mínimo de las participaciones no cotizadas es la regla del artículo 37.1.b de la Ley del IRPF según la cual, cuando un contribuyente vende acciones o participaciones de una sociedad que no cotiza, el valor de transmisión que se toma para calcular la ganancia o pérdida no puede ser inferior al mayor de tres cifras: el precio pactado, el valor teórico contable resultante del último balance aprobado y el que resulta de capitalizar al 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios cerrados anteriores al devengo. En la práctica, vender una sociedad familiar «por debajo de valor» no reduce la base imponible si el valor mínimo es superior.

    Esta regla afecta de lleno a quien transmite una pequeña sociedad en Mallorca, desde un restaurante heredado hasta una sociedad de servicios náuticos o una sociedad patrimonial. Conocerla antes de cerrar el precio, y saber cómo se calcula cada uno de sus componentes, evita sorpresas en la declaración y en una posible comprobación.

    Qué dice exactamente el artículo 37.1.b LIRPF

    El precepto se aplica a las transmisiones onerosas de acciones o participaciones representativas del capital de sociedades que no están admitidas a negociación en un mercado regulado. En ellas, el importe real de la enajenación nunca puede ser inferior al mayor de estos valores:

    1. El precio pactado entre las partes.
    2. El valor teórico resultante del último balance aprobado, es decir, el patrimonio neto contable dividido entre el capital que representa la participación.
    3. El valor que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo. A estos efectos, la norma computa como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, con exclusión de las de regularización o actualización de balances.

    Se trata de un mínimo, no de una presunción que admita prueba en contrario sobre el valor de mercado: si el precio real fue inferior, igualmente se tributa por la ganancia calculada sobre el valor mínimo. La excepción práctica se produce cuando el precio pactado supera a los otros dos, en cuyo caso es éste el que prevalece. Para ver cómo se aborda la valoración de empresas y activos en estos casos se puede acudir a la información de ValiTax, que distingue entre el valor fiscal de una participación y su valor económico.

    Valor fiscal y valor económico no son lo mismo

    Un error habitual es pensar que la regla del 37.1.b establece cuánto vale la sociedad. No lo hace: fija un suelo con una única finalidad, el cálculo de la ganancia patrimonial en el IRPF. El valor económico de una empresa depende de sus flujos futuros, su posición competitiva, sus activos y sus riesgos, y puede ser muy superior o muy inferior al mínimo fiscal. La forma de documentar ese valor económico, con sus hipótesis y fuentes, se explica en la metodología de ValiTax.

    Esa diferencia tiene consecuencias. Si el valor económico es mucho más bajo que el mínimo fiscal, el vendedor tributa por una ganancia que no ha obtenido; si es mucho más alto, el precio pactado prevalece sin problema. En el primer caso, un informe pericial no cambia la regla, pero sí permite al vendedor explicar al comprador por qué el precio es el que es, valorar si tiene sentido vender o buscar otra fórmula, y preparar la defensa si la Administración cuestiona el precio declarado.

    Cómo se calcula cada componente

    El valor teórico contable

    Parte del último balance aprobado, es decir, el que la junta ha formulado y aprobado antes del devengo, no el borrador del ejercicio en curso. Se divide el patrimonio neto entre el número de participaciones y se multiplica por las que se transmiten. Conviene revisar que el balance no tenga incorrecciones, porque la regla toma la cifra tal como figura, sin ajustes a valor de mercado.

    La capitalización de resultados

    Se promedia el resultado de los tres ejercicios cerrados anteriores al devengo, añadiendo los dividendos repartidos y las dotaciones a reservas en los términos de la norma, y se capitaliza al 20 %. Equivale a multiplicar por cinco el promedio. En una sociedad con beneficios elevados y estables, este componente suele ser el más alto; en una sociedad con pérdidas o resultados irregulares, rara vez lo es.

    El precio pactado

    Es el importe que consta en el contrato o escritura. Debe reflejar el precio real: si existen pagos aplazados, cláusulas de ajuste o cobros fuera del contrato, la Administración puede reconsiderar la cifra. Mantener la coherencia documental entre contrato, escritura y declaración es la mejor protección.

    Un ejemplo hipotético

    A efectos meramente ilustrativos, y con cifras inventadas, supongamos que un socio de una sociedad mallorquina vende el 20 % de su capital. El último balance aprobado arroja un patrimonio neto de 1.000.000 de euros; el promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios, incluidos los dividendos y reservas computables, es de 150.000 euros. El precio pactado para esa participación es de 120.000 euros.

    • Valor teórico: el 20 % de 1.000.000 € es 200.000 €.
    • Capitalización: 150.000 € al 20 % da 750.000 € para el 100 % de la sociedad, y 150.000 € para el 20 %.
    • Precio pactado: 120.000 €.

    El mayor de los tres es 200.000 €, que será el valor de transmisión a efectos del IRPF aunque el vendedor solo cobre 120.000 €. Si el coste de adquisición de la participación fuera de 80.000 €, la ganancia computable sería de 120.000 €, no de 40.000 €. El ejemplo muestra por qué conviene calcular el mínimo antes de fijar el precio y no después.

    Relación con otros impuestos y con la comprobación de valores

    El valor fiscal mínimo del IRPF tiene su propia lógica y no se traslada automáticamente a otros tributos. En el Impuesto sobre el Patrimonio, la valoración de las participaciones no cotizadas sigue reglas específicas, basadas en el valor teórico del último balance aprobado y, en su defecto, en una regla de capitalización de beneficios. Quien tenga dudas sobre cómo se declaran en Baleares puede consultar el artículo de esta misma web sobre la declaración y valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio en Baleares.

    Por otro lado, la Administración puede comprobar el valor de las participaciones por los medios del art. 57 LGT cuando la operación se declara por un precio inferior al de mercado en otros tributos, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En esos casos, el contribuyente puede aportar una valoración propia o promover la tasación pericial contradictoria, a la que se dedica otro artículo de esta serie.

    Cuándo conviene encargar una valoración

    • Antes de fijar el precio: para saber si el mínimo fiscal es superior y qué efecto tendrá en la ganancia.
    • Cuando el balance no refleja la realidad: por activos infravalorados, contingencias no provisionadas o resultados atípicos.
    • En ventas entre familiares o socios: donde el precio no se ha negociado entre partes independientes y la Administración puede cuestionarlo.
    • Si ya hay un requerimiento: para argumentar con datos por qué el valor declarado es el correcto o por qué el mínimo resulta desproporcionado en el caso concreto.

    Una segunda opinión experta sobre los cálculos de un asesor o de la propia Administración permite detectar errores de cómputo, como la inclusión de ejercicios que no corresponden o la omisión de reservas computables. Y cuando la discusión exige coordinar el cálculo con la estrategia jurídica, una asesoría legal y fiscal permite decidir si se declara el mínimo, si se impugna o si se reestructura la operación.

    Errores frecuentes

    • Cerrar el precio sin calcular previamente el valor teórico y la capitalización.
    • Usar un balance provisional o un borrador en lugar del último balance aprobado.
    • Olvidar los dividendos y las dotaciones a reservas al promediar resultados.
    • Declarar el precio real como valor de transmisión cuando el mínimo es superior.
    • Confundir la regla fiscal con una valoración económica de la empresa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se aplica el artículo 37.1.b a todas las transmisiones?

    Se aplica a las transmisiones onerosas de acciones o participaciones de sociedades no admitidas a negociación en mercados regulados. Las transmisiones lucrativas se rigen por otras reglas, y las acciones cotizadas por su cotización.

    ¿Puedo declarar un valor inferior al mínimo si demuestro que la empresa vale menos?

    La norma fija un mínimo para el cálculo de la ganancia; no es una presunción desvirtuable en los términos generales. Cuando el desajuste es muy relevante, conviene analizar con el asesor las alternativas, incluida la estructura de la operación.

    ¿Qué ejercicios se promedian en la capitalización?

    Los tres ejercicios sociales cerrados anteriores a la fecha del devengo. Un ejercicio en curso no se incluye.

    ¿Quién debe calcular el valor mínimo?

    El contribuyente, en su autoliquidación, con apoyo de su asesor. Un perito puede revisar los cálculos o respaldar la posición del contribuyente si la Administración los cuestiona.

    ¿Afecta a la sociedad compradora?

    No directamente en el IRPF del vendedor, pero el comprador debe conocer la valoración porque influye en el coste de adquisición y en el precio que negocia.

    Conclusión

    El valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b LIRPF es una regla de cálculo que conviene conocer antes de vender, no después. Obliga a comparar tres cifras y a tributar por la mayor, con independencia de lo realmente cobrado, y no sustituye a una valoración económica de la empresa. Para quienes transmiten una sociedad no cotizada en Mallorca, anticipar el cálculo, revisar el balance y documentar la operación son los pasos que más ahorro de conflicto producen.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Procedimiento de devolución del IVA extranjero en la UE: la Directiva 2008/9/CE paso a paso

    Un procedimiento armonizado, pero con ejecución distinta en cada país

    En Baleares, donde buena parte del tejido empresarial depende del turismo, la logística y los servicios vinculados a clientes internacionales, es habitual que las empresas de Mallorca soporten IVA en otros países de la UE sin saber que pueden recuperarlo. La Directiva 2008/9/CE armonizó el procedimiento para que las empresas de la Unión Europea puedan solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro, pero la armonización no elimina las diferencias prácticas entre países: cada Administración tributaria conserva margen para exigir documentación adicional, fijar sus propios criterios de admisión de gastos o aplicar plazos de resolución distintos dentro del marco general. Entender el procedimiento paso a paso, y las particularidades que pueden surgir en cada fase, es la mejor forma de evitar que una solicitud legítima de Devolución de IVA nacional y extranjero termine rechazada o retrasada por un defecto de forma.

    Paso 1: identificar el IVA recuperable y el Estado miembro de devolución

    El primer paso es revisar, dentro de la contabilidad de la empresa, qué facturas corresponden a gastos soportados en otros países de la UE y determinar en cuál de ellos se soportó el IVA que se quiere recuperar —el «Estado miembro de devolución»—. Esto exige distinguir correctamente entre operaciones donde el IVA se repercutió correctamente por el proveedor extranjero (susceptibles de devolución) y aquellas donde debería haberse aplicado la regla de inversión del sujeto pasivo y, por tanto, no procede reclamar un IVA que nunca debió facturarse de ese modo.

    Paso 2: comprobar el importe mínimo y el periodo de solicitud

    La normativa comunitaria fija importes mínimos distintos según se solicite la devolución correspondiente a un periodo inferior al año natural (habitualmente trimestral) o a todo el ejercicio. Presentar una solicitud por debajo del umbral mínimo supone, directamente, su rechazo automático, por lo que conviene planificar el periodo de solicitud en función del volumen de IVA acumulado, agrupando trimestres si es necesario para alcanzar el importe exigido.

    Paso 3: preparar la documentación según los requisitos del país de destino

    Cada Estado miembro de devolución puede exigir que determinadas facturas de importe elevado se acompañen de una copia digitalizada del original, y aplica sus propios criterios sobre qué conceptos de gasto considera deducibles a efectos de esta devolución (por ejemplo, algunos países excluyen parcial o totalmente los gastos de restauración o de alquiler de vehículos). Es en esta fase donde se concentran la mayoría de los rechazos: una solicitud técnicamente correcta en cuanto a plazos y formato puede ser rechazada si incluye partidas que el país de destino no admite, o si las facturas no incorporan los datos exigidos por su normativa interna.

    Un despacho de fiscalidad internacional con experiencia en este procedimiento conoce de antemano qué conceptos suelen generar problemas en cada país, lo que permite depurar la solicitud antes de presentarla y reducir el riesgo de que la Administración extranjera abra un requerimiento de información adicional.

    Paso 4: presentación del Modelo 360 ante la AEAT

    Una vez preparada la documentación, la empresa española presenta el Modelo 360 por vía electrónica ante la AEAT, que realiza una primera comprobación formal (por ejemplo, que la empresa no esté dada de alta como sujeto pasivo de IVA en el Estado miembro de devolución, lo que invalidaría la vía de la Directiva 2008/9/CE a favor del procedimiento ordinario de ese país) antes de remitir la solicitud al Estado miembro correspondiente. Esta fase intermedia en España suele resolverse en un plazo breve si la solicitud está correctamente formalizada.

    Paso 5: resolución por parte del Estado miembro de devolución

    Recibida la solicitud, el Estado miembro de devolución dispone de un plazo general de cuatro meses para resolver. Si solicita información adicional, el plazo se amplía hasta dos meses más desde la recepción de esa información; si la solicitud de información adicional se dirige a un tercero (por ejemplo, el proveedor extranjero que emitió la factura), el plazo puede extenderse todavía más. Una vez resuelta favorablemente, el reembolso debe abonarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la expiración del plazo de resolución, y los retrasos en el pago generan derecho a intereses de demora a favor del solicitante.

    Qué hacer si la solicitud es rechazada total o parcialmente

    Un rechazo, total o parcial, de la solicitud puede recurrirse ante la propia Administración tributaria del Estado miembro de devolución, siguiendo sus propios plazos y procedimientos de recurso administrativo, que no coinciden necesariamente con los plazos españoles. Por eso, cuando se gestiona un volumen relevante de solicitudes en distintos países, resulta especialmente útil contar con asesoramiento que conozca no solo el procedimiento de presentación, sino también las vías de recurso disponibles en cada jurisdicción, para no dejar perder un rechazo que podría revertirse con la documentación adecuada.

    Diferencias prácticas según el Estado miembro de devolución

    Aunque el procedimiento esté armonizado por la Directiva 2008/9/CE, la experiencia práctica muestra diferencias notables entre países: algunos Estados miembros resuelven con rapidez y rara vez solicitan documentación adicional, mientras que otros son sistemáticamente más exigentes con el formato de las facturas o con la justificación de determinados gastos. Conocer de antemano estas diferencias, país por país, permite anticipar qué solicitudes de Devolución de IVA nacional y extranjero requerirán una preparación más cuidadosa y cuáles tienen más probabilidades de resolverse sin incidencias, lo que ayuda a priorizar el trabajo interno y a fijar expectativas realistas sobre los plazos de cobro.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuáles son los pasos principales del procedimiento de devolución del IVA extranjero?

    Identificar el IVA recuperable y el Estado miembro de devolución, comprobar el importe mínimo, preparar la documentación según los requisitos de ese país, presentar el Modelo 360 ante la AEAT, y esperar la resolución del Estado miembro de devolución.

    ¿Qué plazo tiene el Estado miembro de devolución para resolver?

    Con carácter general, cuatro meses desde la recepción de la solicitud, ampliable si se solicita información adicional al contribuyente o a terceros.

    ¿Qué ocurre si la solicitud se rechaza?

    Puede recurrirse ante la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, siguiendo sus propios plazos y procedimientos, que conviene conocer de antemano para no perder la vía de recurso.

    ¿Por qué se producen tantos rechazos parciales?

    Principalmente porque cada país aplica sus propios criterios sobre qué conceptos de gasto son deducibles a efectos de esta devolución, y una solicitud que no tiene en cuenta esas particularidades puede ver rechazadas partidas concretas aunque el resto se apruebe.

  • Ampliaciones de capital en empresas de Mallorca: fiscalidad para la sociedad y los socios

    La fiscalidad de las ampliaciones de capital en empresas baleares tiene implicaciones tanto para la sociedad como para los socios. La ampliacion de capital no genera renta para la sociedad (es una aportacion de fondos propios). Para el socio que suscribe la ampliacion, el desembolso es un coste de adquisicion adicional de sus participaciones, que minorara la plusvalia cuando las venda. Para los socios que no suscriben la ampliacion y ven diluida su participacion, no hay tributacion inmediata pero si una reduccion de su porcentaje de participacion. Cuando la ampliacion de capital la suscribe un nuevo socio con una prima de emision significativa, hay que analizar si se genera renta en la valoracion de las participaciones preexistentes. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre ampliaciones de capital en empresas baleares con plena eficiencia fiscal. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Prueba pericial tributaria en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla desde Baleares

    Prueba pericial tributaria en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla desde Baleares

    La prueba pericial tributaria es el medio por el que un profesional con conocimientos especializados explica ante un órgano administrativo o judicial una cuestión técnica que condiciona la liquidación impugnada: un valor, una cifra, una reconstrucción de actividad. Puede proponerse tanto en la reclamación económico-administrativa como en el recurso contencioso-administrativo, aunque las reglas, los plazos y las posibilidades de práctica cambian de una vía a otra; saber en cuál conviene apoyarse en un dictamen y cómo presentarlo es parte esencial de la estrategia de defensa.

    En Baleares el itinerario habitual es conocido: una liquidación de la Agencia Tributaria o de la ATIB, una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional con sede en Palma y, si no prospera, el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. En cada escalón la pericia juega un papel distinto, y conviene tenerlo claro antes de gastar plazos.

    El marco común: qué dicen la LGT y la LEC

    La Ley General Tributaria establece que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo (art. 105 LGT) y que los medios y la valoración de la prueba se rigen por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley tributaria disponga otra cosa (art. 106 LGT). Esa remisión es la que permite aplicar a la pericia tributaria las reglas generales de los artículos 335 a 352 LEC: el dictamen procede cuando son necesarios conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos, el perito debe actuar con la mayor objetividad posible y su informe se valora según las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC).

    Un buen punto de partida para entender qué se espera de un dictamen en este contexto es la información sobre la prueba pericial judicial, que resume los elementos que suelen exigirse: identificación del perito, objeto del encargo, método, fuentes y conclusiones.

    En la vía económico-administrativa

    La reclamación económico-administrativa se interpone, con carácter general, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto o a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (art. 235 LGT). Es una vía gratuita y especializada, y por ello resulta especialmente adecuada cuando la discusión es técnica. Los tribunales económico-administrativos pueden admitir pruebas y valorar dictámenes que aporte el reclamante, y el procedimiento permite hacerlo junto con el escrito de alegaciones o durante la fase correspondiente.

    Hay tres ideas prácticas que conviene retener:

    • Aportar el dictamen en el momento de las alegaciones. Lo más eficaz es que el informe esté ya incorporado cuando el tribunal examina el expediente, y no que se presente como un añadido tardío.
    • No dar por supuesto que la Inspección ya lo vio. Si el dictamen no se presentó en el procedimiento de origen, hay que incorporarlo ahora y explicar por qué se aporta en esta fase.
    • Responder al acto impugnado. El tribunal revisa una liquidación concreta; el informe debe contestar a los argumentos y a los datos en que esa liquidación se apoya.

    Estas cuestiones se desarrollan, desde la perspectiva del trámite, en la guía de esta misma web sobre la reclamación ante el TEAR de Palma de Mallorca.

    En el recurso contencioso-administrativo

    Agotada la vía económico-administrativa, o interpuesto directamente recurso contra determinados actos, el contribuyente puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El plazo general para interponer el recurso es de dos meses desde la notificación de la resolución (art. 46 LJCA). En este ámbito, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula la prueba en su art. 60 y siguientes y se remite a la LEC como norma supletoria, de modo que el dictamen pericial se somete a las reglas de la LEC sobre aportación, ratificación y contradicción.

    Dos consecuencias prácticas son especialmente relevantes. La primera: si el dictamen se aporta con la demanda, debe cumplir los requisitos formales de la LEC (art. 265 LEC sobre documentos y dictámenes que deben acompañar la demanda, y art. 336 LEC sobre su aportación). La segunda: ante un tribunal, el perito puede ser llamado a ratificar su informe y a responder a las preguntas de las partes y del magistrado (art. 347 LEC), por lo que la claridad expositiva y la capacidad de defender el método son tan importantes como el resultado.

    El itinerario completo del recurso, con sus plazos y fases, se explica en la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Baleares.

    Perito de parte y perito designado por el tribunal

    En el proceso contencioso, como en el civil, el dictamen puede proceder de un perito elegido por la parte o de un perito designado por el tribunal. La LEC prevé ambos cauces (arts. 336 y 339 a 341 LEC). La diferencia no es meramente formal: el dictamen de parte se prepara con antelación y se aporta con el escrito correspondiente, mientras que la designación judicial exige que se solicite y que el tribunal la acuerde, con el consiguiente efecto en plazos y costes. La comparación entre ambas figuras se desarrolla en otro artículo de esta serie.

    Qué debe contener un dictamen pensado para el recurso

    1. Identificación del perito y de su cualificación, con la declaración de objetividad que exige la LEC (art. 335.2).
    2. Objeto preciso: qué cuestión se somete a su criterio y qué actos de la Administración se contradicen.
    3. Documentación examinada: expediente administrativo, cuentas, escrituras, informes previos.
    4. Método y fuentes: cómo se llega a las cifras y por qué se descartan alternativas.
    5. Análisis de sensibilidad: cómo cambia el resultado si varían las hipótesis relevantes.
    6. Conclusiones claras: redactadas de forma que el órgano pueda reproducirlas en su resolución.

    Un dictamen escrito pensando en el lector, es decir, en un tribunal que no es experto en valoración ni en contabilidad, es más útil que uno que presupone conocimientos técnicos. La claridad del informe es, en la práctica, una condición para que sea convincente. La estructura de un informe pericial tributario bien planteado ayuda a conseguirlo.

    Un ejemplo hipotético

    Con fines ilustrativos, imaginemos que la ATIB comprueba el valor de un local comercial adquirido por una sociedad de Palma y fija un valor muy superior al declarado, apoyándose en unos precios medios que no reflejan el estado real del inmueble. El contribuyente reclama ante el TEAR y aporta un dictamen que utiliza comparables de la misma zona, ajusta la superficie útil y cuantifica el efecto de unas deficiencias constructivas. Si el tribunal económico-administrativo no lo acepta, el mismo informe puede mantenerse, actualizado, en el recurso contencioso, donde será defendido por el perito en el juicio o vista si se solicita.

    La enseñanza es doble: la coherencia entre las distintas fases refuerza la credibilidad, y un dictamen bien documentado desde el principio evita rehacer el trabajo en cada instancia. Cuando el origen del conflicto es una actuación inspectora, la defensa en inspecciones de la AEAT exige además cuidar lo que se aporta durante el procedimiento. Para coordinar la pericia con la estrategia jurídica, una defensa fiscal con LRB permite decidir con tiempo en qué momento procesal aportar cada pieza.

    Errores frecuentes

    • Esperar a la demanda para plantear la pericia, cuando el expediente administrativo ya está cerrado y la oportunidad de influir en la Administración ha pasado.
    • No pedir con tiempo la designación judicial de un perito cuando es la vía adecuada, y perder la oportunidad procesal.
    • Presentar un informe que repite la tesis del recurrente sin analizar los datos de la Administración.
    • Descuidar la ratificación: un perito que no puede explicar su método pierde credibilidad ante el tribunal.
    • Confundir el informe pericial con un escrito de alegaciones jurídicas y mezclar ambos planos.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede aportar un informe pericial en la reclamación económico-administrativa?

    Sí. La reclamación admite prueba y el reclamante puede aportar un dictamen con sus alegaciones. Cuanto antes se incorpore, más probabilidades hay de que el tribunal lo tenga en cuenta al resolver.

    ¿Qué ventaja tiene aportarlo antes del recurso contencioso?

    Que el órgano económico-administrativo debe examinarlo y, si lo rechaza, motivarlo. Ese razonamiento sirve después para preparar el recurso y para identificar los puntos de discusión.

    ¿El perito tiene que acudir al juicio?

    Puede ser llamado para ratificar el dictamen y responder a las preguntas del tribunal y de las partes. Conviene tenerlo previsto desde el encargo.

    ¿Vincula el dictamen al tribunal?

    No. Se valora conforme a la sana crítica, junto con el resto de pruebas. Su peso depende de la coherencia, la cualificación y la solidez del método.

    ¿Se pueden recuperar los costes del informe si se gana?

    En el proceso contencioso rige, con matices, el criterio del vencimiento para las costas (art. 139 LJCA), y los honorarios de los peritos pueden formar parte de ellas. En la vía económico-administrativa no existe un mecanismo equivalente de reembolso con carácter general.

    Conclusión

    La prueba pericial es útil en ambas vías, pero no se emplea igual. En la económico-administrativa permite convencer a un órgano técnico con un coste reducido; en la contenciosa se somete a las reglas del proceso y exige preparación para la ratificación. Decidir con tiempo cuándo y cómo aportarla, y coordinarla con los argumentos jurídicos, aumenta de forma real las posibilidades de que el criterio técnico del contribuyente sea examinado con seriedad. Para los profesionales y empresas de Mallorca, planificar la prueba desde la primera liquidación suele ser la decisión más rentable.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Modelo 347 en Baleares: cruces de información y discrepancias que detecta la AEAT en Mallorca

    La declaracion informativa anual del Modelo 347 (operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros) es una de las fuentes principales de cruce de informacion que utiliza la AEAT en Baleares. Las discrepancias entre lo declarado en el 347 por una empresa y lo declarado por su cliente o proveedor generan requerimientos de informacion o comprobaciones limitadas automaticas. En el sector turistico balear, donde hay muchas operaciones entre touroperadores extranjeros no obligados a presentar el 347 y los hoteles receptores, las discrepancias con lo declarado en el Modelo 303 de IVA son frecuentes. Los autónomos y empresas en Mallorca que reciben pagos en efectivo por debajo del umbral de 3.005 euros fragmentados artificialmente corren el riesgo de ser detectados por la AEAT mediante el analisis de patrones. En LRB Tax & Legal gestionamos el Modelo 347 y defendemos ante discrepancias en Baleares. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Programadores y empresas de IA en Mallorca: I+D+i, IVA internacional y riesgos

    Programadores y empresas de IA en Mallorca: I+D+i, IVA internacional y riesgos

    Mallorca ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse también en un lugar donde trabajan desarrolladores, equipos de producto y pequeñas empresas de inteligencia artificial. Muchos programan desde Palma, facturan a clientes de varios países y combinan temporadas de mucha carga con periodos más tranquilos. Esa realidad, que mezcla ingresos internacionales, trabajo en remoto y sociedades de reciente creación, plantea cuestiones fiscales concretas. La fiscalidad de programadores y empresas de IA ofrece incentivos relevantes, pero también focos de inspección bien definidos.

    Trabajar desde la isla para clientes de fuera

    Un desarrollador con base en Mallorca suele tener clientes en la península y en otros países europeos, y a veces fuera de la Unión. Cada relación plantea tres preguntas: dónde se entiende prestado el servicio a efectos de IVA, si el cobro procede de un cliente vinculado y qué documentación acredita la condición del cliente. Quien no responde con prueba a esas preguntas, lo hace con riesgo. Por eso conviene ordenar desde el principio los contratos, las facturas y la justificación de la residencia del cliente, además de decidir bajo qué forma jurídica se factura.

    Autónomo o sociedad: una decisión con proyección

    El programador autónomo tributa en el IRPF por escala progresiva, de modo que cada euro adicional de beneficio soporta un tipo marginal más alto. La sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25 %, con escalas reducidas para empresas pequeñas, sujetas a requisitos y a una reducción gradual en los próximos ejercicios. Pero el tipo no decide por sí solo: cuando el socio retira el beneficio como dividendo, tributa además en su IRPF. Estos son los criterios que más pesan:

    • Nivel de beneficio: con beneficios moderados, el autónomo suele ser más sencillo; con beneficios altos, la sociedad puede resultar más eficiente.
    • Retirada del dinero: sueldo o dividendo en la sociedad, con tributación adicional del socio; directa en el autónomo.
    • Incentivos: la sociedad accede con más naturalidad al patent box y a la deducción por I+D+i.
    • Responsabilidad y credibilidad: la sociedad separa patrimonios y suele inspirar más confianza a clientes y financiadores.

    Un error frecuente es constituir la sociedad y seguir facturando a título personal al mismo cliente. Esa mezcla genera dudas sobre quién presta realmente el servicio y atrae la atención de la Inspección. Conviene decidir con una proyección de tres ejercicios, no con la cifra de un solo año.

    Deducción por I+D+i en software e inteligencia artificial

    El artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades premia los gastos de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica con una deducción en la cuota. El punto delicado es qué cuenta como I+D. No todo desarrollo lo es: la norma reconoce el software avanzado cuando supone un progreso científico o tecnológico significativo, mientras que el software que aplica métodos ya conocidos queda fuera, y algunos desarrollos empresariales pueden encajar en innovación tecnológica. En inteligencia artificial, entrenar un modelo propio con incertidumbre técnica real y documentada se acerca al concepto de I+D; integrar una API de terceros en un producto, no. La frontera exige análisis proyecto a proyecto.

    Informe motivado y prueba del gasto

    La empresa puede solicitar un informe motivado al Ministerio competente o al CDTI. Ese informe vincula a la Agencia Tributaria en la calificación de la actividad, pero no en la realidad ni en la cuantía de los gastos, que se discuten con prueba: imputación horaria, contratos, facturas y memoria técnica. Las deducciones tienen límite sobre la cuota y pueden arrastrarse durante varios ejercicios, por lo que conviene planificarlas con la proyección de beneficios de la sociedad.

    Patent box y Ley de Startups

    El artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite reducir la renta procedente de la cesión de determinados intangibles, entre ellos el software avanzado registrado que derive de I+D. Exige ceder el derecho de uso o explotación, y la prestación de un servicio en la nube no siempre se califica como cesión, por lo que el modelo de negocio debe analizarse antes de contar con este incentivo. Si la cesión es a una empresa del grupo, el precio debe ser de mercado.

    La Ley 28/2022 de empresas emergentes sigue en vigor. Para beneficiarse hay que obtener la calificación de empresa emergente, que exige, entre otros requisitos, tener sede en España, ser de reciente creación, no cotizar y desarrollar un modelo de negocio innovador y escalable. Entre sus ventajas figuran un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades en los primeros periodos con base positiva y el aplazamiento de la deuda de los primeros ejercicios. El tipo reducido no es automático: hay que acreditar cada requisito.

    IVA con clientes de la UE y de fuera de la UE

    Cuando el cliente es un empresario o profesional, el servicio se entiende prestado donde radica su sede. Si es una empresa de otro país de la UE, no hay IVA español: se factura sin IVA con la mención correspondiente, y el prestador debe estar dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios y presentar el Modelo 349. Cuando el destinatario es un consumidor final y el servicio es electrónico, la regla se desplaza al país del consumidor, con un umbral de 10.000 euros anuales en la UE y la posibilidad de declarar en la ventanilla única. El riesgo está en la prueba: sin dirección del cliente, número de IVA validado o contrato, la Inspección puede sostener que el servicio se prestó en España y liquidar el IVA no repercutido.

    Licencias, cánones y retenciones a no residentes

    Conviene distinguir tres figuras: la venta de una copia para uso propio, la cesión del derecho de explotación del código, que sí es un canon, y el servicio de acceso o SaaS, que habitualmente se trata como prestación de servicios. Cada una tiene un tratamiento distinto en IVA, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y en los convenios de doble imposición. Si una empresa española paga un canon a un no residente, debe practicar retención o ingreso a cuenta salvo que acredite una exención o un tipo reducido, para lo que hace falta el certificado de residencia fiscal del perceptor. Si no se practicó cuando procedía, responde el pagador.

    Riesgos que revisa Hacienda en el sector

    • Falsos autónomos: un programador con un único cliente, con horario y herramientas de la empresa, puede ser calificado como trabajador por cuenta ajena.
    • Gastos deducibles: vivienda usada como oficina, vehículos, viajes y gastos de nube y hardware compartidos con uso personal.
    • Operaciones vinculadas: servicios entre socio y sociedad, o entre sociedades del grupo, que deben valorarse a precio de mercado.
    • Incentivos: calificación del proyecto, imputación del personal y cálculo del nexo en el patent box.
    • Operaciones internacionales: localización del IVA y retenciones a no residentes.

    Las actuaciones inspectoras duran, con carácter general, 18 meses, ampliables a 27, y el derecho a liquidar prescribe a los cuatro años. La defensa empieza con el primer requerimiento: ordenar la documentación, responder en plazo y no aportar nada que no se haya revisado. Después se alega en el trámite de audiencia, se propone prueba pericial y, si se liquida, se recurre. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de programadores y empresas de IA.

    LRB Tax & Legal en Palma para el sector tecnológico

    LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a programadores y empresas de inteligencia artificial y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Analizamos la forma jurídica, la estructura de la propiedad intelectual, el expediente de I+D+i y patent box, el IVA internacional y acompañamos al cliente en comprobaciones, procedimientos y recursos. Cuando haga falta valorar código, modelos o bases de datos para una cesión o una ronda de financiación, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales aporta una prueba técnica reconocida.

    Preguntas frecuentes

    ¿Compensa más ser autónomo o crear una sociedad como programador?

    Depende del beneficio, de si se necesita retirar el dinero y de los incentivos buscados. Con beneficios moderados el autónomo suele ser más sencillo; con beneficios altos o propiedad intelectual relevante, la sociedad permite tipos menores y acceso a incentivos. Conviene proyectar tres ejercicios.

    ¿Se puede aplicar la deducción por I+D+i al software?

    Sí, cuando el proyecto supone un avance científico o tecnológico real y está documentado. El software avanzado puede ser I+D y otros desarrollos pueden ser innovación tecnológica. El informe motivado vincula a la AEAT en la calificación, pero no en el importe de los gastos.

    ¿Qué IVA aplico a un cliente empresa de otro país de la UE?

    El servicio no está sujeto a IVA español y se factura sin IVA con la mención correspondiente. Hay que estar dado de alta en el ROI y presentar el Modelo 349. Si el cliente es un consumidor final, rige el país del consumidor con umbral y ventanilla única.

    Si es desarrollador o dirige una empresa de inteligencia artificial en Mallorca o Baleares y necesita asesoramiento fiscal o apoyo ante una inspección, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inmobiliarias en Mallorca: comisiones, blanqueo y efectivo ante Hacienda

    Inmobiliarias en Mallorca: comisiones, blanqueo y efectivo ante Hacienda

    El mercado inmobiliario de Mallorca atrae a compradores de muy distintos orígenes: residentes en la isla, propietarios que viven en otros países y clientes extranjeros que adquieren una vivienda o la venden tras años de tenencia. Para una agencia de intermediación o una promotora con sede en Baleares, esa diversidad añade preguntas fiscales a cada operación. La fiscalidad de las inmobiliarias combina tres frentes que Hacienda cruza con facilidad: el IVA y los impuestos directos de las comisiones y las ventas, la prevención del blanqueo de capitales y las obligaciones de facturación y registro. Este artículo los repasa desde la realidad de un operador balear.

    Clientes de varios países, importes altos y mucho rastro documental

    Cada compraventa deja rastro: la escritura notarial, el Registro de la Propiedad, el Catastro y los índices de operaciones que el notario comunica a la Administración. A ese cruce de datos se suman el modelo 347 y los controles sobre los medios de pago. Por eso la Agencia Tributaria detecta con rapidez una comisión no facturada, un anticipo no declarado o una venta cuyo precio no encaja con el valor de mercado. Conviene además distinguir dos modelos de negocio, porque tributan de forma distinta: la agencia de intermediación presta un servicio y cobra una comisión, mientras que la promotora o la empresa de compraventa transmite inmuebles propios y obtiene un margen. Mezclarlos, algo frecuente en grupos pequeños, es una de las primeras fuentes de errores.

    IVA en las comisiones de intermediación

    La comisión que una agencia cobra por mediar en la venta o el alquiler de un inmueble es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %. El hecho de que la compraventa subyacente pueda estar exenta no contagia la exención a la comisión: son operaciones distintas y la del intermediario tributa de forma autónoma. Los puntos que más se revisan son estos:

    • Devengo: el IVA se devenga cuando se presta el servicio, pero los pagos anticipados, como una señal de la comisión, devengan por el importe percibido (artículo 75 de la Ley del IVA).
    • Repercusión: la factura debe emitirse a quien contrata la mediación, sea comprador, vendedor o ambos, y reflejar la cuota por separado.
    • Cliente extranjero: si el destinatario es un empresario no establecido en España, las reglas de localización del servicio (artículo 69) pueden excluir la sujeción en territorio español, por lo que hay que documentar la condición del cliente.
    • Comisiones compartidas: cuando intervienen varias agencias, cada una factura su parte; repartir el cobro sin facturar es un clásico de las actas de inspección.

    Si además la inmobiliaria vende inmuebles propios, la delimitación entre IVA y ITP exige analizar si la entrega es primera o segunda transmisión y si cabe renunciar a la exención. En el Impuesto sobre Sociedades, la comisión se imputa en el ejercicio en que se devenga, con independencia de cuándo se cobre; si el intermediario es persona física, son rendimientos de actividades económicas en el IRPF. El desfase entre la firma de la escritura y el cobro de la comisión es una fuente habitual de ingresos imputados en el ejercicio equivocado.

    Prevención de blanqueo: cuándo la agencia es sujeto obligado

    La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales incluye entre los sujetos obligados a los promotores inmobiliarios y a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles (artículo 2.1). Para los arrendamientos, el precepto fija umbrales de renta, de modo que no toda intermediación en alquileres entra en su ámbito. En una agencia con clientela internacional, la identificación del cliente y del titular real y el conocimiento del origen de los fondos adquieren especial relevancia.

    Ser sujeto obligado implica un paquete de deberes: identificar al cliente, conocer el propósito de la operación, aplicar medidas reforzadas si el riesgo lo exige, analizar las operaciones inusuales, comunicar al SEPBLAC los indicios de blanqueo, conservar la documentación, aprobar procedimientos internos y formar al personal. Una agencia que nunca ha documentado estas políticas está expuesta a sanciones administrativas que pueden ser muy elevadas, con independencia de que exista o no un delito de fondo.

    Efectivo, arras y depósitos

    La Ley 11/2021 redujo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, y a 10.000 euros para las personas físicas con domicilio fiscal fuera de España que no actúen como empresarios o profesionales. La limitación se aplica cuando alguna de las partes es empresario o profesional, de modo que una comisión o una señal abonadas en metálico por encima del límite constituyen una infracción. Responden tanto quien paga como quien cobra, y la sanción alcanza el 25 % de la cuantía pagada. Las arras y los depósitos exigen distinguir su naturaleza:

    ConceptoPunto de atención fiscal
    Arras penitencialesAnalizar si son anticipo del precio y si devengan IVA en el momento del cobro
    Arras confirmatoriasPago anticipado: el IVA se devenga por el importe percibido (art. 75 LIVA)
    Depósito fiduciarioNo es ingreso propio; debe estar separado de la tesorería de la agencia
    Comisión cobrada en efectivoLímite de 1.000 euros y riesgo de sanción

    El error más grave es mezclar los depósitos de clientes con la caja de la agencia: la Administración puede considerarlos ingresos no declarados y, además, supone un riesgo evidente de apropiación indebida. Los pagos deben canalizarse por cuenta bancaria y quedar identificados en la escritura.

    Compra y venta de inmuebles: existencias o inmovilizado

    La clasificación contable de un inmueble condiciona su tratamiento fiscal. Si la sociedad lo adquiere para venderlo en el curso de su actividad, es existencia: no se amortiza, la venta es un ingreso de explotación y el deterioro puede ser deducible. Si lo destina a uso propio o a alquiler, es inmovilizado o inversión inmobiliaria: se amortiza y el deterioro del inmovilizado no es deducible conforme al artículo 13.2 de la Ley 27/2014. Una compraventa habitual de inmuebles reclasificada por Hacienda como actividad empresarial puede arrastrar IVA no repercutido, un impuesto de sociedades más alto y recargos, por lo que conviene documentar desde el primer día la intención de reventa y la contabilización coherente.

    Verifactu: calendario vigente y cautela

    El Real Decreto-ley 15/2025 fijó el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. El Ministerio de Hacienda comunicó el 5 de octubre de 2026 la previsión de ampliar de nuevo el plazo, y hay informaciones que apuntan a 2028, pero a mediados de octubre de 2026 esa ampliación aún debe aprobarse y publicarse en el BOE. Mientras tanto, conviene tomar como referencia el calendario vigente y exigir al proveedor del programa la declaración responsable de conformidad.

    Riesgos de inspección y defensa

    • Comisiones cobradas y no facturadas, detectadas por cruces con notarías y clientes.
    • Diferencias entre el precio escriturado y el real, con pagos en efectivo o fuera de escritura.
    • Depósitos y arras tratados como pasivo cuando eran ingresos, o al revés.
    • Reclasificación de inmuebles de existencias a inmovilizado, o viceversa.
    • Incumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo y del límite de efectivo.

    El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años y las actuaciones inspectoras tienen, con carácter general, una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos previstos por la ley. Una defensa eficaz empieza en el primer requerimiento: ordenar la documentación de cada operación, reconstruir el flujo del dinero, cuantificar la regularización con criterio propio y valorar si conviene firmar el acta en conformidad o recurrirla. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de inmobiliarias, IVA, blanqueo e inspecciones.

    LRB Tax & Legal en Palma para el sector inmobiliario

    LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a inmobiliarias y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el tratamiento del IVA de las comisiones, la clasificación contable de los inmuebles, los procedimientos de prevención de blanqueo y los circuitos de cobro, y asistimos a la empresa en comprobaciones, actas y recursos. Cuando la discusión gira en torno al valor de un inmueble o de una sociedad, un informe independiente de ValiTax Informes Periciales puede ser decisivo.

    Preguntas frecuentes

    ¿Las comisiones de una inmobiliaria llevan IVA?

    Sí. La comisión de intermediación es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %, aunque la compraventa del inmueble esté exenta. Debe facturarse con la cuota repercutida por separado.

    ¿Una agencia inmobiliaria es sujeto obligado en prevención de blanqueo?

    Sí, cuando ejerce profesionalmente la agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles, y también los promotores inmobiliarios (artículo 2.1 de la Ley 10/2010). Debe aplicar diligencia debida y comunicar operaciones sospechosas.

    ¿Se puede cobrar una comisión o una señal en efectivo?

    Solo hasta 1.000 euros cuando una de las partes es empresario o profesional (10.000 euros para ciertos no residentes). Superar el límite es una infracción que sanciona a quien paga y a quien cobra.

    Si su inmobiliaria o promotora de Mallorca o Baleares necesita asesoramiento fiscal o apoyo ante una inspección, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Gasolineras en Mallorca: conciliación de litros, efectivo y Verifactu

    Gasolineras en Mallorca: conciliación de litros, efectivo y Verifactu

    Una gasolinera de Mallorca sirve a un público que cambia con la temporada: residentes que repostan todo el año, flotas de empresas, vehículos de alquiler y visitantes que llegan en verano. Es un negocio de facturación elevada y margen unitario reducido, y por eso la Agencia Tributaria lo inspecciona con frecuencia. La fiscalidad de las gasolineras se concentra en tres focos: el IVA del carburante y de la tienda, el control de existencias y surtidores y la trazabilidad de los cobros en efectivo y con tarjeta. Este artículo recoge lo que debe tener ordenado una estación de servicio balear antes de recibir un requerimiento.

    Mucho volumen, poco margen y una pregunta de partida

    Una gasolinera mueve grandes importes con un margen unitario pequeño. Un error de pocos céntimos por litro, repetido durante años, se convierte en una regularización de seis cifras. A ello se suma que la AEAT dispone de datos cruzables con facilidad: compras de carburante a un único proveedor, cobros con tarjeta comunicados por las entidades financieras y lecturas de contadores de los surtidores. Las comprobaciones suelen partir de una pregunta sencilla: ¿cuadran los litros comprados, los litros vendidos y los ingresos declarados? En un entorno de fuerte estacionalidad, como el balear, conviene además poder explicar por qué los litros y el margen se disparan en los meses de mayor afluencia.

    IVA del carburante y de la tienda

    Las entregas de gasolina y gasóleo en estación de servicio tributan, como regla, al tipo general del 21 % previsto en la Ley 37/1992 del IVA. Las medidas anticrisis de 2026 han actuado sobre el Impuesto sobre Hidrocarburos, no sobre el IVA del carburante, de modo que conviene no confundir una rebaja del precio de venta con un cambio del tipo de IVA. Según la AEAT, el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, mantiene para octubre una reducción de 20 céntimos por litro en gasolinas sin plomo y gasóleo de uso general; son medidas de vigencia limitada y renovación periódica, así que cada mes hay que comprobar la tarifa aplicable y conservar albaranes y fechas de recepción para explicar la evolución del margen.

    La tienda, el túnel de lavado, la cafetería o la recarga eléctrica son actividades distintas, con tipos que dependen del producto o servicio. Quien comparte caja, TPV y personal entre carburante y tienda debe poder separar ingresos y bases por actividad, algo imprescindible para la prorrata, si hubiera operaciones exentas, y para la defensa ante un requerimiento. En la deducción del IVA soportado, el problema habitual es documental: tickets sin identificación del cliente, facturas de flotas emitidas a nombre de un tercero o gastos de vehículos no afectos.

    Efectivo, tarjetas y tarjetas de flota

    Las operaciones en las que alguna parte actúe como empresario o profesional no pueden pagarse en metálico por importes de 1.000 euros o más. La sanción es del 25 % de lo pagado y responden de forma solidaria pagador y receptor, según informa la AEAT sobre el régimen del artículo 7 de la Ley 7/2012. Esto afecta especialmente al cobro a clientes empresarios y al pago de proveedores. El pago con tarjeta deja huella: las entidades que gestionan los cobros informan a la AEAT de lo cobrado por cada comercio, y una diferencia entre los cobros por tarjeta y las ventas declaradas es una de las señales de riesgo más claras. La conciliación mensual entre TPV, caja y contabilidad es la mejor prevención.

    Las tarjetas de flota añaden una capa más. El repostaje lo realiza un conductor, pero la factura se emite a la empresa titular, o a la entidad que gestiona la tarjeta, según el contrato. La estación debe saber a quién factura, cuándo se devenga el IVA y cómo se liquida con el emisor, porque los desajustes entre lo repostado, lo facturado y lo cobrado generan diferencias que la inspección interpreta como ventas no declaradas si no se explican.

    Surtidores y tanques: la conciliación que decide la inspección

    La conciliación de existencias es el núcleo técnico de una comprobación: se parte de las existencias iniciales, se suman las compras y se restan las existencias finales para obtener las ventas teóricas, que se comparan con las lecturas de los totalizadores de los surtidores y con las ventas contabilizadas. Las mermas pueden ser reales (variaciones de temperatura, evaporación, errores de medición o de calibración), pero no basta alegarlas sin respaldo. No existe un porcentaje legal único verificado aplicable a la estación minorista, por lo que la defensa se apoya en la prueba técnica concreta y no en una cifra genérica.

    • Mediciones periódicas de cada tanque y registro de las diferencias.
    • Informes del sistema de control de inventario y de los surtidores, conservados por fecha.
    • Registro de calibraciones, revisiones y averías de los equipos de despacho.
    • Albaranes de entrega con la medición en recepción y acta de cualquier discrepancia.
    • Procedimiento escrito de cierre diario y de arqueo de caja.

    Abanderamiento: compraventa o comisión

    El contrato con el operador petrolífero determina cómo se declaran los ingresos. En el suministro con compraventa, la estación compra el carburante, asume el riesgo y vende en nombre propio: su ingreso es el precio de venta y su margen es la diferencia con el coste. En la comisión, el gestor actúa por cuenta del operador, que sigue siendo titular del producto, y el ingreso del gestor es la comisión. La Administración atiende a la realidad económica y no a la denominación del contrato: si el contrato dice comisión pero la estación asume el riesgo de las existencias, o al revés, la calificación puede discutirse con consecuencias en IVA y en impuestos directos. Ayudas, descuentos por volumen, anticipos y cánones por abanderamiento requieren también una imputación temporal coherente.

    Verifactu: calendario vigente y novedades de octubre de 2026

    El Real Decreto 1007/2023 regula los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, que deben garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Tras el Real Decreto-ley 15/2025, el calendario fijado en la norma es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda comunicó un nuevo aplazamiento hasta octubre de 2028, que según las fuentes consultadas está pendiente de formalizarse en una norma; hasta su publicación en el BOE no debe darse por definitivo. Los requisitos técnicos no cambian, así que la estación debería exigir ya a su proveedor de TPV un software adaptado.

    La razón para no esperar es sancionadora: el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria castiga la tenencia de sistemas no certificados o alterados con una multa fija de 50.000 euros por ejercicio. En una gasolinera, con TPV, surtidores y gestión de flotas integrados, conocer qué software se usa y quién lo certifica es una obligación de diligencia.

    Riesgos de inspección y defensa

    Si la contabilidad o los registros no permiten determinar con exactitud las ventas, la Administración puede acudir a la estimación indirecta (artículo 53 de la Ley General Tributaria), y las diferencias de inventario no explicadas son su principal argumento. Las actuaciones tienen un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en determinados supuestos, y la prescripción general es de cuatro años. Sobre impuestos autonómicos específicos de carburantes, no se ha verificado para esta guía ninguno de aplicación general en Baleares, por lo que no se describe ninguno como regla.

    Una defensa eficaz sigue un orden: ordenar la documentación de compras, cierres y cobros; reconstruir la conciliación litro a litro y justificar técnicamente las mermas; y valorar si procede aceptar parte de la propuesta, aprovechando las reducciones de sanción, o impugnar la liquidación en vía económico-administrativa. Puede ampliar el análisis en nuestra guía sobre la fiscalidad de gasolineras, IVA, Verifactu e inspecciones.

    LRB Tax & Legal en Palma para estaciones de servicio

    LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a gasolineras y en defensa en inspecciones fiscales, con delegación en Palma de Mallorca (Parc Bit). Revisamos el contrato de abanderamiento, el tratamiento del IVA de carburante y tienda, la conciliación de existencias y la adaptación a Verifactu, y asumimos la defensa desde el primer requerimiento. Para cuantificar diferencias de inventario o de ventas con una prueba técnica independiente, puede acudir a ValiTax Informes Periciales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué tipo de IVA se aplica al carburante en una gasolinera?

    Como regla, el tipo general del 21 %. Las rebajas de 2026 han afectado al Impuesto sobre Hidrocarburos, no al IVA del carburante. La tienda y los servicios accesorios pueden tributar a tipos distintos según el producto.

    ¿Qué pasa si hay diferencias entre el inventario de tanques y las ventas?

    Hacienda puede considerarlas ventas no declaradas y recurrir a la estimación indirecta. La defensa consiste en justificar las mermas con mediciones, calibraciones y registros, y en reconstruir la conciliación de compras, existencias y ventas.

    ¿Cambia la fiscalidad si la gasolinera opera en comisión o en compraventa?

    Sí. En la compraventa el ingreso es el precio de venta y el margen; en la comisión, el ingreso es la comisión y el titular del carburante es el operador. Hacienda atiende a la realidad del contrato y no a su denominación.

    Si gestiona una gasolinera en Mallorca o Baleares y quiere revisar su situación fiscal o prepararse ante una comprobación, contacte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.