Asesor Fiscal Mallorca

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  • Plazos y requisitos para solicitar la devolución del IVA pagado en otro país de la UE

    El plazo que más dinero hace perder a las empresas: el 30 de septiembre

    En Baleares, donde buena parte del tejido empresarial depende del turismo, la logística y los servicios vinculados a clientes internacionales, es habitual que las empresas de Mallorca soporten IVA en otros países de la UE sin saber que pueden recuperarlo. De todos los requisitos que rodean la devolución del IVA soportado en otros países de la Unión Europea, el que genera más pérdidas económicas evitables es, con diferencia, el plazo de presentación: la solicitud debe presentarse, como máximo, el 30 de septiembre del año siguiente a aquel en que se soportó el IVA. Superado ese plazo, el derecho a la devolución se pierde de forma definitiva, sin posibilidad de subsanación ni de presentación tardía. Para evitarlo, conviene tratar la revisión del IVA extranjero recuperable, a través del procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero, como una tarea más del cierre fiscal anual, no como un trámite opcional que se revisa «si hay tiempo».

    Plazos del procedimiento, paso a paso

    Más allá del plazo límite de presentación, el procedimiento tiene varios hitos temporales que conviene tener presentes: el periodo mínimo de solicitud es, por regla general, trimestral (aunque puede solicitarse también de forma anual, agrupando todo el ejercicio); el Estado miembro de devolución dispone de cuatro meses para resolver desde la recepción de la solicitud; si solicita información adicional, el plazo se amplía dos meses más desde que recibe esa información, y hasta ocho meses en total si la solicitud de información es especialmente compleja; y, una vez aprobada la devolución, el Estado miembro debe abonarla en un plazo de diez días hábiles desde que expira el plazo de resolución, generando intereses de demora en caso de retraso.

    Requisitos formales que hay que cumplir desde el primer momento

    Para que una solicitud de devolución de IVA extranjero tenga opciones reales de ser aprobada sin incidencias, debe cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: la empresa solicitante debe estar dada de alta como sujeto pasivo de IVA en su Estado miembro de establecimiento y no debe realizar en el Estado miembro de devolución operaciones que la obliguen a presentar declaraciones de IVA allí; las facturas deben cumplir los requisitos formales exigidos por la normativa del país donde se soportó el gasto (no solo los españoles); el importe mínimo de la solicitud debe alcanzar el umbral fijado para el periodo solicitado; y los conceptos de gasto reclamados deben estar entre los que el Estado miembro de devolución admite, lo que exige conocer previamente las exclusiones específicas de cada país.

    Qué empresas deberían revisar sistemáticamente estos plazos

    Cualquier empresa con actividad internacional recurrente —viajes de negocio frecuentes, participación en ferias, logística transfronteriza, servicios contratados en otros países de la UE— debería incorporar una revisión anual, idealmente antes del verano, del IVA extranjero soportado durante el ejercicio anterior, precisamente para evitar llegar al límite de septiembre sin margen de maniobra si se detecta documentación incompleta o facturas que necesitan subsanarse ante el proveedor extranjero antes de poder incluirse en la solicitud.

    Contar con asesores fiscales en Madrid especializados en fiscalidad internacional permite calendarizar esta revisión dentro de los procesos recurrentes de cierre fiscal de la empresa, en lugar de depender de que alguien se acuerde del plazo en el último momento.

    Qué hacer si se detecta IVA de ejercicios anteriores aún recuperable

    Si al revisar la contabilidad se detecta IVA extranjero de un ejercicio cuyo plazo de solicitud (el 30 de septiembre del año siguiente) ya ha expirado, lamentablemente no existe vía de recuperación: el derecho se ha perdido de forma irreversible. Esto convierte la gestión preventiva —revisar cada ejercicio antes de que termine el plazo del siguiente— en la única estrategia realmente eficaz, frente a intentar «rescatar» IVA de años anteriores una vez vencido el plazo, lo que no es posible bajo la normativa comunitaria actual.

    Cómo no quedarse sin margen antes del límite del 30 de septiembre

    La forma más eficaz de evitar llegar al límite sin margen de maniobra es fijar, dentro del calendario fiscal interno de la empresa, una fecha de revisión del IVA extranjero bastante anterior al 30 de septiembre —idealmente en el primer semestre del año—, de modo que quede tiempo suficiente para subsanar facturas incompletas, solicitar duplicados a proveedores extranjeros o resolver cualquier incidencia documental antes de presentar la solicitud de Devolución de IVA nacional y extranjero. Dejar esta revisión para las últimas semanas antes del plazo multiplica el riesgo de perder el derecho a recuperar el IVA simplemente por falta de tiempo para corregir incidencias menores.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuál es el plazo máximo para solicitar la devolución del IVA soportado en otro país de la UE?

    El 30 de septiembre del año siguiente a aquel en que se soportó el IVA; superado ese plazo, el derecho se pierde de forma definitiva.

    ¿Se puede solicitar la devolución de IVA de ejercicios ya prescritos?

    No. Una vez superado el plazo del 30 de septiembre del año siguiente, no existe ninguna vía para recuperar ese IVA, por lo que la revisión preventiva anual es fundamental.

    ¿Con qué periodicidad se puede solicitar la devolución?

    Como mínimo de forma trimestral, aunque también puede solicitarse de forma anual agrupando todo el ejercicio, siempre que se alcance el importe mínimo exigido para cada periodo.

    ¿Qué pasa si el Estado miembro de devolución tarda en pagar una solicitud aprobada?

    Debe abonar la devolución en un plazo de diez días hábiles desde que expira el plazo de resolución; si se retrasa, genera intereses de demora a favor de la empresa solicitante.

  • Stock options y planes de incentivos para directivos en Mallorca: fiscalidad y exenciones en el IRPF

    Las stock options y planes de incentivos para directivos en empresas de Mallorca tienen una fiscalidad especifica en el IRPF: el ejercicio de la opcion genera rendimiento del trabajo (diferencia entre el valor de mercado de las acciones en el momento del ejercicio y el precio de ejercicio), con una exencion de hasta 12.000 euros por ejercicio cuando se cumplen determinados requisitos de plazo de entrega y cotizacion. Si las acciones recibidas se mantienen mas de 3 anos antes de venderse, la plusvalia en la venta tributa en la base del ahorro al 19-30% en lugar del tipo marginal del trabajo. El diseno del plan de incentivos debe contemplar estos requisitos para maximizar la eficiencia fiscal del paquete de compensacion de los directivos de empresas turisticas e inmobiliarias en Baleares. En LRB Tax & Legal disenamos planes de incentivos fiscalmente eficientes para empresas en Mallorca. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo pedirla y qué revisa

    Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo pedirla y qué revisa

    Una segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización es la revisión independiente que un perito hace de los cálculos, los criterios técnicos y la documentación en que la Administración apoya una propuesta de liquidación, antes de que el contribuyente decida si la acepta, la discute o la recurre. Su valor práctico está en que se produce cuando todavía se puede cambiar el rumbo: antes de firmar un acta, antes de que venza el plazo de alegaciones y antes de que la liquidación se vuelva firme.

    Muchas empresas de Mallorca reciben propuestas de regularización tras una comprobación limitada, una verificación de datos o una inspección. La tentación es aceptar para cerrar el asunto, sobre todo si hay una reducción de sanción por conformidad. Sin embargo, firmar sin haber contrastado las cifras puede costar más que el análisis que se evita. La información de ValiTax sobre la segunda opinión experta explica el alcance de este tipo de revisión.

    Qué es y qué no es una segunda opinión pericial

    Es un análisis técnico independiente, que revisa si las cifras de la propuesta son correctas, si el método empleado es adecuado y si hay datos que no se han tenido en cuenta. No es una asesoría jurídica integral ni sustituye al abogado que defiende al contribuyente; su función es dar certeza sobre la parte numérica o de valoración, para que la decisión estratégica se tome con fundamento.

    También se distingue de un informe pericial destinado a ser aportado como prueba. Una segunda opinión puede ser interna, es decir, un documento de trabajo que sirve al contribuyente y a su abogado para decidir; si el análisis es favorable y se decide discutir la propuesta, se puede transformar en un dictamen pericial formal que se aporte al procedimiento. Esa flexibilidad es una de sus ventajas.

    Cuándo conviene pedirla

    • Tras recibir una propuesta de liquidación o de acta: con el plazo de alegaciones todavía abierto.
    • Antes de firmar un acta de conformidad o con acuerdo: porque la firma limita en gran medida las posibilidades posteriores de impugnación.
    • Cuando la propuesta se basa en estimación indirecta, ratios sectoriales o comparables: terreno en el que los errores metodológicos son frecuentes.
    • Si la regularización afecta a valores: inmuebles, participaciones, activos intangibles o existencias.
    • Cuando hay sanción: para evaluar si existe base para discutir la culpabilidad o la cuantificación.

    Los plazos son decisivos. En el procedimiento de inspección, el obligado tributario dispone de quince días para formular alegaciones tras una propuesta con acta de disconformidad (art. 157 LGT), y en los procedimientos de gestión, el trámite previo a la liquidación suele ser más breve. En un plazo tan corto, la rapidez con la que se obtiene el análisis es parte de su utilidad.

    Qué revisa un perito en una propuesta de regularización

    La exactitud de los cálculos

    Parece elemental, pero los errores aritméticos o de aplicación de porcentajes aparecen con más frecuencia de la esperada, sobre todo en liquidaciones con varios ejercicios, prorratas o compensaciones de bases negativas.

    El método de determinación de la base

    Si la Administración ha usado estimación indirecta, margen sectorial o un valor de referencia, el perito examina si los presupuestos legales concurren y si los datos aplicados se ajustan a la realidad del negocio. La estimación indirecta es un método subsidiario, y su empleo exige que se den los supuestos previstos en el art. 53 LGT.

    La documentación que no se ha valorado

    A veces la propuesta ignora facturas, contratos, conciliaciones bancarias o registros que el contribuyente puede aportar y que cambian el resultado. El perito identifica qué documentos aportan valor probatorio y cómo presentarlos.

    La coherencia entre ejercicios y con otras declaraciones

    Una regularización puede generar efectos en otros periodos o en otros impuestos. Revisar esa coherencia permite anticipar consecuencias, como la compensación de cuotas o el ajuste de la base de un ejercicio vinculado.

    Las sanciones y su cuantificación

    Si hay propuesta de sanción, conviene examinar su base, el cálculo del importe y las reducciones previstas en el art. 188 LGT. La existencia de una infracción depende de criterios jurídicos que valorará el abogado, pero la cuantificación sí admite revisión técnica.

    La defensa en inspecciones de la AEAT suele combinar ambos planos: el jurídico y el técnico. Para quien se encuentra en un procedimiento ya iniciado, el artículo de esta misma web sobre cómo funciona una inspección de la AEAT en Mallorca detalla las fases en las que esta revisión es más útil.

    Por qué la firma del acta cambia el escenario

    Firmar un acta de conformidad supone aceptar los hechos y la propuesta de liquidación. Si transcurre el plazo previsto sin que la Administración notifique otro acuerdo, la liquidación se entiende dictada en los términos del acta, y la posibilidad de discutir el fondo queda muy limitada (arts. 155 a 157 LGT). A cambio, la ley prevé reducciones de la sanción por conformidad o por acuerdo. La decisión no es sencilla: aceptar puede ser lo más razonable cuando la propuesta es correcta y la reducción compensa, y puede ser un error cuando la propuesta contiene fallos relevantes.

    La segunda opinión ayuda a distinguir ambas situaciones. Si el análisis confirma la propuesta, el contribuyente firma con conocimiento de causa. Si detecta deficiencias, puede plantear alegaciones, pedir la rectificación de los cálculos o firmar el acta en disconformidad y reservarse el recurso. El artículo sobre la comprobación limitada en Baleares recoge los límites de esa vía y cómo defenderse.

    Un ejemplo hipotético

    Con fines ilustrativos, y con cifras inventadas, imaginemos un restaurante de Palma al que la Administración regulariza el IVA y el Impuesto sobre Sociedades de un ejercicio al estimar que las ventas fueron superiores a las declaradas. La propuesta aplica un margen bruto sectorial único para todo el año y concluye con un incremento de ventas de 120.000 euros.

    La segunda opinión revisa la propuesta y detecta tres cuestiones: el margen aplicado procede de un sector de restauración rápida, no comparable con un restaurante de mesa con carta de producto fresco; el cálculo no descuenta los meses de cierre por reforma, acreditados con facturas de obra; y hay mermas y consumos del personal que no se han tenido en cuenta. Con esos datos, el contribuyente prepara alegaciones, aporta documentos y solicita un nuevo cálculo con un margen ajustado. El resultado no está garantizado, pero la discusión deja de ser genérica y se concentra en tres puntos verificables.

    Errores frecuentes

    • Firmar el acta para cerrar el asunto sin haber revisado las cifras.
    • Dejar pasar el plazo de alegaciones esperando a que el asesor habitual termine otros trabajos.
    • Aportar al perito solo la propuesta, y no los datos del ejercicio, los contratos y los extractos que permiten contrastarla.
    • Pedir la revisión a quien ya intervino en la preparación de las declaraciones, perdiendo la independencia que da valor a la segunda opinión.
    • Confundir una segunda opinión con una garantía de resultado.

    Cuando la revisión señala que hay base para discutir, integrar el análisis técnico en la estrategia de una defensa fiscal con LRB permite decidir cómo presentarlo y en qué fase aportarlo. Además, la propia información sobre informes periciales tributarios orienta sobre cómo convertir la segunda opinión en un dictamen formal si hace falta.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto tiempo necesita una segunda opinión pericial?

    Depende de la complejidad y de la documentación, pero el análisis suele plantearse de forma ágil por los plazos de alegaciones. Conviene contratar al perito lo antes posible, aportando la propuesta y los datos de base.

    ¿Puede una segunda opinión evitar la sanción?

    No de forma automática. Puede detectar errores en la base o en el cálculo y aportar elementos para discutir la sanción, pero la apreciación de la infracción depende de criterios jurídicos y del caso concreto.

    ¿Es lo mismo que un informe pericial de parte?

    No necesariamente. La segunda opinión puede ser un análisis interno de apoyo a la decisión; si se decide discutir, puede formalizarse como dictamen pericial para aportarlo al procedimiento.

    ¿Se puede pedir después de firmar el acta?

    Puede hacerse, pero las posibilidades de actuar son mucho menores. Lo recomendable es solicitarla antes de firmar.

    ¿Quién debe encargarla?

    El contribuyente o su asesor, preferentemente a un profesional independiente que no haya participado en la preparación de las declaraciones objeto de revisión.

    Conclusión

    Una segunda opinión pericial es una forma barata y rápida de comprobar si la propuesta que se tiene delante merece ser aceptada, rectificada o combatida. Permite firmar con seguridad cuando la Administración tiene razón y discutir con argumentos cuando no la tiene. Para las empresas y profesionales de Mallorca, pedirla antes de firmar un acta o de que venza el plazo de alegaciones es una decisión que, en la mayoría de los casos, compensa con creces su coste.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Exención por reinversión en vivienda habitual en Mallorca: cómo no tributar por la plusvalía

    La exencion por reinversion en vivienda habitual en el IRPF de Mallorca permite al contribuyente no tributar por la plusvalia obtenida al vender su vivienda habitual si reinvierte el total de lo obtenido en otra vivienda habitual en el plazo de dos anos. Dada la elevada revalorizacion de las viviendas en Palma y otras zonas de Mallorca, esta exencion puede suponer un ahorro muy significativo. Los requisitos son: que la vivienda vendida haya sido la residencia habitual efectiva del contribuyente durante al menos los 3 anos anteriores a la venta, que el importe total de la venta se reinvierta en la nueva vivienda habitual, y que la nueva vivienda se adquiera o construya en el plazo de 2 anos. Los mayores de 65 anos estan exentos de tributar por la venta de su vivienda habitual sin necesidad de reinvertir. En LRB Tax & Legal planificamos la compraventa de vivienda habitual para residentes en Mallorca. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio hay que valorar y por qué

    Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio hay que valorar y por qué

    El informe de valoración en la Ley de Segunda Oportunidad es el documento que fija el valor de los bienes y derechos del deudor persona física, de su negocio o de sus participaciones societarias, para que el juez, el mediador concursal y los acreedores sepan qué patrimonio existe realmente y qué parte de la deuda puede pagarse. Sirve para dimensionar la masa activa, proponer un plan de pagos realista y acreditar que el deudor ha actuado con transparencia, que es la base sobre la que se concede la exoneración del pasivo insatisfecho.

    La Ley de Segunda Oportunidad, integrada hoy en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) tras la reforma de la Ley 16/2022, permite que las personas naturales, sean o no empresarias, obtengan la exoneración de sus deudas si cumplen los requisitos legales. En Mallorca, donde conviven autónomos del sector turístico, pequeños empresarios y familias con patrimonio inmobiliario, la valoración de lo que el deudor tiene es una de las piezas que más condiciona el resultado. La información de ValiTax sobre la Ley de Segunda Oportunidad resume cómo se integra la pericia en estos procedimientos.

    Cómo funciona la exoneración del pasivo insatisfecho

    El texto refundido regula la exoneración del pasivo insatisfecho en los artículos 486 y siguientes. Pueden acogerse las personas naturales que se encuentren en situación de insolvencia, actual o inminente, y que hayan actuado de buena fe. La ley contempla dos grandes vías: la exoneración con liquidación de la masa activa, en la que el deudor pone sus bienes a disposición del concurso para pagar a los acreedores y obtiene la exoneración del resto, y la exoneración con plan de pagos, en la que se mantiene el patrimonio y se paga durante un plazo determinado lo que se pueda.

    Antes, o como alternativa al concurso, existe el acuerdo extrajudicial de pagos, que permite negociar con los acreedores con la ayuda de un mediador concursal o notario. En todas estas vías el patrimonio del deudor y su capacidad de pago son la base de la discusión, y de ahí la importancia de que estén bien valorados.

    Qué hay que valorar y por qué

    • Bienes inmuebles: vivienda, locales, fincas y plazas de garaje, con su valor de mercado, las cargas hipotecarias y su liquidez real. La vivienda habitual tiene un tratamiento específico que debe consultarse con la redacción vigente de la norma.
    • Negocio o actividad profesional: si el deudor es autónomo, el valor de la actividad como unidad económica, incluidos clientes, contratos, maquinaria y existencias.
    • Participaciones sociales: el valor de las que el deudor tenga en sociedades, especialmente cuando existen restricciones de transmisión o dificultades para su venta.
    • Derechos y créditos: cuentas por cobrar, devoluciones tributarias, indemnizaciones o derechos de cobro cuya realización dependa de terceros.
    • Bienes muebles y activos financieros: vehículos, joyas, inversiones y otros elementos susceptibles de realizarse.

    La valoración tiene que ser prudente y verificable. Un valor sobrestimado perjudica al deudor, porque lo obliga a comprometer un pago que no podrá cumplir; un valor infraestimado puede considerarse ocultación y comprometer la buena fe. Una valoración de empresas y activos con método explicado reduce ese riesgo, porque deja a la vista cada hipótesis.

    El papel del perito en el procedimiento

    Fase previa: diagnóstico de viabilidad

    Antes de iniciar el procedimiento conviene saber qué vía encaja con el caso. Un diagnóstico que cuantifique el patrimonio realizable, las cargas y los ingresos disponibles permite elegir entre acuerdo extrajudicial, concurso con liquidación o con plan de pagos, y evita iniciar un proceso destinado al fracaso.

    Inventario y masa activa

    El texto refundido exige que el concurso se acompañe de un inventario de los bienes y derechos del deudor, y la valoración de los elementos del inventario es lo que permite estimar el resultado de una eventual liquidación. Un perito aporta criterios homogéneos y documentados para cada categoría.

    Plan de pagos

    Cuando el deudor propone pagar parte de la deuda, la capacidad de generación de ingresos y el patrimonio disponible deben respaldar el plan. El informe de valoración del negocio y la proyección de ingresos son la base de su viabilidad ante el juez y los acreedores.

    Impugnaciones y controversias

    Si un acreedor discute el valor de un bien, o el juez requiere aclaraciones, el perito puede ratificar y defender el informe. Para ello es esencial haber documentado las fuentes y las hipótesis.

    Un ejemplo hipotético

    A efectos ilustrativos, y con cifras inventadas, pensemos en un autónomo de Mallorca, titular de un pequeño negocio de alquiler de embarcaciones, con deudas de 400.000 euros entre proveedores, financiación y obligaciones públicas. Su patrimonio incluye una vivienda habitual con hipoteca, un vehículo y la embarcación que usa en el negocio, además de una participación del 30 % en una sociedad con dificultades.

    La valoración permite ver tres cosas. La primera: la embarcación y el negocio tienen un valor de realización muy inferior al contable por la estacionalidad y la antigüedad de los activos. La segunda: la participación en la sociedad tiene un valor económico próximo a cero por las pérdidas acumuladas, aunque conste en libros por una cifra superior. La tercera: la capacidad de pago mensual, una vez cubiertos los gastos familiares, es reducida. Con esos datos, el deudor y su asesor pueden valorar si procede un plan de pagos con una cuota realista o una liquidación ordenada, y presentar ante el juez un expediente en el que las cifras no sorprenden a nadie. El artículo de esta misma web sobre el concurso de acreedores en Baleares y la fiscalidad de las deudas con la AEAT completa este panorama desde la perspectiva tributaria.

    La dimensión fiscal de la valoración

    La deuda tributaria forma parte de los créditos que el deudor puede tener que pagar o negociar, y su tratamiento en la exoneración tiene reglas propias: los créditos de derecho público no se exoneran en los mismos términos que los ordinarios, y existen límites cuantitativos que conviene verificar con la norma vigente. Además, la realización de bienes tiene consecuencias fiscales que deben anticiparse, como la tributación de ganancias patrimoniales, el IVA o el impuesto local de plusvalía municipal. Una valoración que ignore esas cargas puede conducir a un plan de pagos irreal.

    En operaciones complejas, contar con una asesoría legal y fiscal que coordine la estrategia concursal, el tratamiento tributario y la pericia ayuda a que todos los documentos presentados al juzgado cuenten la misma historia.

    Errores frecuentes

    • Presentar un inventario con valores contables sin revisarlos a mercado.
    • Omitir bienes o derechos de poco valor aparente y poner en riesgo la buena fe.
    • Prometer en el plan de pagos una cuota que el patrimonio y los ingresos no pueden sostener.
    • Ignorar las cargas fiscales derivadas de la realización de bienes.
    • No documentar las hipótesis de valoración y quedar sin respuesta ante la impugnación de un acreedor.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio un informe de valoración para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

    No siempre se exige como documento específico, pero la información sobre el patrimonio del deudor es imprescindible, y una valoración técnica refuerza su credibilidad ante el juez y los acreedores.

    ¿Qué ocurre si se valora mal un bien?

    Un valor sobrestimado puede llevar a un plan inviable; uno infravalorado puede interpretarse como ocultación. En ambos casos se compromete el resultado del procedimiento.

    ¿Sirve la valoración si el deudor es autónomo con negocio?

    Sí. Es especialmente útil, porque el valor de la actividad condiciona tanto la liquidación como la capacidad de pago futura.

    ¿Cuándo conviene encargarla?

    Antes de elegir la vía: el diagnóstico patrimonial determina si interesa un acuerdo extrajudicial, un plan de pagos o una liquidación.

    ¿Se pueden exonerar las deudas con Hacienda?

    La norma tiene reglas específicas y límites para los créditos de derecho público. Conviene revisar la redacción vigente con un profesional antes de decidir.

    Conclusión

    La valoración es la base de cualquier decisión sensata en un procedimiento de segunda oportunidad: sin saber qué se tiene, es imposible elegir la vía adecuada, diseñar un plan de pagos creíble o responder a las objeciones de los acreedores. Un informe riguroso protege al deudor de errores de partida y acredita su transparencia. Para las personas físicas y los autónomos de Mallorca que se plantean esta salida, empezar por una valoración ordenada del patrimonio es el paso que más suele ahorrar problemas posteriores. La estructura del informe pericial sirve de guía para saber qué debe contener.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Deducción por donativos en Mallorca: IRPF, IS y deducciones autonómicas baleares para ONG y fundaciones

    La deduccion por donativos permite a los residentes en Mallorca reducir su cuota del IRPF por las donaciones a fundaciones, ONG y entidades sin fin de lucro acogidas a la Ley 49/2002: el 80% de los primeros 250 euros donados y el 40% del resto (45% si se dona a la misma entidad durante 3 anos consecutivos). Las empresas en Baleares pueden deducir el 40% de las donaciones en el IS (con el limite del 10% de la base imponible). La comunidad autonoma de Baleares tiene ademas una deduccion autonomica para donaciones a entidades culturales, medioambientales y de cooperacion balear, con porcentajes adicionales sobre la cuota autonomica. Para los altos patrimonios en Mallorca interesados en filantropía estrategica, la combinacion de estas deducciones puede hacer que el coste neto de la donacion sea muy reducido. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre donativos y fiscalidad en Baleares. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Impugnar una comprobación de valores: la tasación pericial contradictoria paso a paso

    Impugnar una comprobación de valores: la tasación pericial contradictoria paso a paso

    La tasación pericial contradictoria es el procedimiento que permite al contribuyente discutir el valor que la Administración ha fijado en una comprobación de valores mediante la valoración de un perito propio, con la intervención de un tercer perito si las dos tasaciones se separan más de lo que la ley tolera. Está regulada en el artículo 135 de la Ley General Tributaria, se solicita dentro del plazo de la primera reclamación contra la liquidación y suspende la ejecución de esta mientras se tramita. Es una herramienta técnica, y por eso resulta especialmente útil cuando la discrepancia se concentra en el valor de un inmueble, una participación o un derecho.

    En Baleares, donde la Agencia Tributaria de las Illes Balears gestiona el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones, las comprobaciones de valores sobre fincas, locales y participaciones son habituales. Entender cómo funciona este mecanismo, qué plazos maneja y qué decisiones obliga a tomar evita perder una oportunidad que, una vez transcurrido el plazo, no vuelve a presentarse.

    Qué es una comprobación de valores y cuándo puede discutirse

    Cuando un tributo depende del valor de un bien o derecho, la Administración puede comprobar el declarado por el contribuyente mediante los medios que enumera el art. 57 LGT: estimación por referencia a valores publicados, precios medios de mercado, dictamen de peritos de la Administración, valor asignado a efectos de garantías hipotecarias y otros. Si el valor comprobado es superior al declarado, practica una liquidación complementaria.

    Frente a esa liquidación el contribuyente tiene varias vías: recurso de reposición, reclamación económico-administrativa y, en los casos en que proceda, tasación pericial contradictoria. La elección no es neutra, porque cada vía tiene su propio plazo, su alcance y sus consecuencias. Con carácter general, la LGT limita la tasación pericial contradictoria a determinados medios de comprobación (art. 57.2 LGT), de modo que conviene verificar cuál se ha empleado antes de optar por ella, sobre todo cuando se trata de valores de referencia o de precios medios de mercado. La segunda opinión experta sobre el método utilizado por la Administración es una forma práctica de decidir esa elección con fundamento.

    El procedimiento de tasación pericial contradictoria, paso a paso

    1. Notificación de la liquidación con el valor comprobado. Es el punto de partida, y de ella se desprende el plazo para actuar.
    2. Solicitud de tasación pericial contradictoria. Se presenta dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación (art. 135.1 LGT). Su presentación suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación.
    3. Nombramiento del perito del contribuyente. Debe ser un profesional con titulación adecuada y suficiente para valorar el bien de que se trate. Realiza su propia tasación sobre el mismo objeto.
    4. Comparación con el valor de la Administración. Si la diferencia entre ambas valoraciones no supera los límites que fija la LGT (120.000 euros y un porcentaje del 10 %, conforme a la regla del art. 135.3), no es necesario perito tercero y se aplica la solución que la norma prevé. Si los supera, la Administración debe designar un perito tercero.
    5. Intervención del perito tercero. Su tasación servirá de base para la liquidación, dentro de los márgenes que marcan las dos valoraciones previas, sin que pueda ir más allá de ellas.
    6. Nueva liquidación. La Administración dicta la liquidación definitiva con el valor resultante, que el contribuyente puede impugnar por las vías ordinarias.

    La mecánica de este procedimiento parece sencilla, pero su éxito depende de la calidad del trabajo técnico. La tasación del contribuyente se contrasta con la de la Administración, y el tercero decide dentro de su rango. Una valoración mal fundamentada del perito del interesado puede perder la oportunidad de que el tercer perito se mueva hacia ella. La estructura de un buen informe pericial tributario debe, por tanto, anticipar lo que dirá el perito tercero y cuál será su método.

    Plazos y decisiones críticas

    El plazo es el elemento más delicado. Se cuenta desde la notificación de la liquidación con valores comprobados, y la solicitud debe formularse dentro del plazo de la primera reclamación que proceda. Hay que decidir pronto si conviene optar por la tasación pericial contradictoria o por otra vía, porque la elección condiciona las posibilidades posteriores. A veces es posible combinar vías: por ejemplo, plantear la tasación pericial contradictoria y, tras la nueva liquidación, recurrir los aspectos jurídicos.

    También conviene conocer el efecto de la solicitud sobre la deuda. La suspensión de la ejecución y del plazo de recurso evita el apremio, aunque no elimina los intereses de demora que correspondan según la normativa aplicable. Por eso es importante calcular el posible coste financiero antes de decidir.

    Qué debe contener la tasación del contribuyente

    • Identificación precisa del bien: situación, superficie, estado, cargas, régimen urbanístico o jurídico.
    • Fecha de referencia correcta: el valor debe corresponder al momento del devengo del impuesto, no al de la tasación.
    • Método coherente: comparación de mercado, coste de reposición o capitalización de rentas, según la naturaleza del bien.
    • Comparables verificables: operaciones reales o ofertas contrastadas, con ajustes explicados.
    • Respuesta al valor de la Administración: el informe debe señalar las deficiencias del método utilizado y explicar por qué se ha alcanzado una cifra distinta.

    Cuando el valor de referencia catastral es el que sustenta la comprobación, el análisis cambia en parte, y conviene estudiar las particularidades de ese mecanismo. El artículo de esta misma web sobre el valor de referencia catastral en Mallorca y el dedicado a la comprobación de valores de inmuebles por la ATIB explican esas diferencias.

    Un ejemplo hipotético

    A efectos ilustrativos, y con cifras inventadas, supongamos que una sociedad compra un local comercial en Palma por 400.000 euros. La ATIB comprueba el valor mediante un dictamen de sus peritos y lo fija en 600.000 euros, con la consiguiente liquidación complementaria. La sociedad solicita la tasación pericial contradictoria dentro del plazo de la reclamación y encarga a un arquitecto o ingeniero con titulación adecuada una valoración que, tras ajustar superficie útil, estado de conservación y comparables, resulta en 450.000 euros.

    La diferencia entre ambas tasaciones es de 150.000 euros, superior a los 120.000 euros del límite legal, y supone un 25 % de la cifra más alta. En ese escenario la Administración debe nombrar un perito tercero. Si éste concluyera, por ejemplo, 500.000 euros, esa sería la base de la nueva liquidación. La sociedad habría reducido la diferencia de 200.000 euros a 100.000 euros respecto de lo declarado. Los importes son meramente ilustrativos, pero muestran por qué la calidad de la primera tasación influye en el resultado final.

    Errores frecuentes

    • Dejar pasar el plazo de la primera reclamación pensando que podrá solicitarse después.
    • Elegir un perito sin la titulación adecuada o sin experiencia en el tipo de bien.
    • Presentar una tasación sin comparables suficientes o con ajustes no explicados.
    • No analizar el medio de comprobación utilizado y optar por una vía que no admite la tasación.
    • Olvidar los intereses y el coste financiero de la deuda suspendida.

    Cuando la comprobación afecta a un patrimonio de cierta entidad o a una operación societaria compleja, coordinar la parte pericial con la jurídica evita contradicciones; una defensa fiscal con LRB permite decidir con el equipo jurídico qué vía conviene y cómo documentarla. La forma de documentar un trabajo de este tipo se explica en la metodología de ValiTax.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué plazo hay para solicitar la tasación pericial contradictoria?

    Se solicita dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación con los valores comprobados (art. 135.1 LGT). Perderlo suele cerrar esta vía.

    ¿Suspende la solicitud el pago de la deuda?

    Suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación, pero no elimina los intereses de demora que correspondan según la normativa.

    ¿Quién paga el perito tercero?

    La LGT regula la asunción de sus honorarios en el propio art. 135, con reglas que dependen del resultado; conviene revisarlas con la redacción vigente antes de decidir.

    ¿Puedo solicitarla si ya he presentado una reclamación?

    Depende del orden de actuaciones y del plazo. Por eso es importante decidir pronto la estrategia, y no presentar una reclamación sin valorar antes la tasación.

    ¿Qué profesional debe hacer mi tasación?

    Uno con titulación adecuada y suficiente para valorar el bien concreto: un arquitecto o ingeniero para inmuebles, un economista o auditor para empresas y participaciones.

    Conclusión

    La tasación pericial contradictoria es el cauce que la ley ofrece para convertir una discrepancia de valores en un debate técnico con árbitro. Exige actuar dentro de un plazo estricto, elegir bien al perito y fundamentar la valoración con rigor, pero a cambio puede reducir de forma sensible la base imponible. Para los contribuyentes de Mallorca que reciban una comprobación de valores, decidir en los primeros días si conviene esta vía es probablemente la decisión más importante de todo el expediente.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Fiscalidad laboral en el sector hotelero de Mallorca: retenciones, temporada y Modelo 111

    Los contratos de trabajo en el sector hotelero en Mallorca generan obligaciones fiscales especificas para las empresas: retenciones del IRPF en nomina (Modelo 111 trimestral y 190 anual), cotizaciones a la Seguridad Social, retribuciones en especie y posibles complementos variables de productividad o de temporada. Los empleados de temporada (contratos fijos-discontinuos o temporales de abril a octubre) tienen una tributacion especifica en el IRPF porque sus rendimientos se concentran en pocos meses y el tipo de retencion aplicable se calcula sobre la base de la retribucion anualizada. La AEAT comprueba que el tipo de retencion aplicado es correcto y que las retribuciones en especie (alojamiento, manutención) se incluyen correctamente en el modelo 111. En LRB Tax & Legal asesoramos sobre relaciones laborales fiscales en el sector hotelero de Mallorca. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.

  • Perito de parte o perito designado judicialmente: diferencias y cuándo conviene cada uno

    Perito de parte o perito designado judicialmente: diferencias y cuándo conviene cada uno

    La diferencia entre el perito de parte y el perito designado judicialmente radica en quién lo elige y a quién responde formalmente: el primero es contratado por el interesado y aporta su dictamen como prueba propia; el segundo es nombrado por el tribunal, a solicitud de una parte o en los casos que la ley prevé, y su informe se incorpora al proceso como prueba pericial judicial. Ambos deben actuar con objetividad, pero el momento procesal, el coste, el control de las partes y la forma de defender el informe cambian de manera apreciable.

    Para un contribuyente o una empresa de Mallorca que se enfrenta a una liquidación, la elección entre una figura u otra no es meramente teórica. Determina cuándo se prepara el dictamen, quién decide su contenido y cuánto margen hay para rebatirlo. Conviene entenderla antes de que empiecen a correr los plazos procesales. Quien trabaja como asesor o abogado de empresas encontrará más información sobre cómo se articula este apoyo técnico en la página de ValiTax dedicada a despachos y asesores.

    El perito de parte: qué es y cómo actúa

    El perito de parte es el profesional que el contribuyente elige y contrata para que analice una cuestión técnica y emita un dictamen. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que las partes aporten con la demanda o con la contestación los dictámenes de los que pretendan valerse (arts. 265 y 336 LEC); si no es posible hacerlo en ese momento, se anunciarán y se aportarán después en los plazos que la propia ley señala (arts. 337 y 338 LEC).

    Sus características principales son estas:

    • Libertad de elección: la parte escoge al profesional con la especialización y la experiencia que considera adecuadas.
    • Preparación anticipada: el informe puede estar listo antes de iniciar el procedimiento, e incluso durante la fase administrativa.
    • Control del encargo: el cliente y el perito delimitan el objeto, la documentación y el plazo.
    • Posibilidad de tacha: la contraparte puede cuestionar la imparcialidad o la capacidad del perito en los términos que prevé la LEC.

    El perito de parte no es un abogado ni un portavoz del cliente. Debe manifestar bajo juramento o promesa que actúa con la mayor objetividad posible y que conoce las consecuencias de incumplir ese deber (art. 335.2 LEC). La credibilidad de su informe depende precisamente de que la contraparte y el tribunal perciban esa independencia.

    El perito designado judicialmente

    El perito judicial es nombrado por el tribunal. La LEC permite que cualquiera de las partes solicite la designación en los supuestos previstos y regula un procedimiento de designación mediante listas elaboradas a partir de la información que facilitan los colegios profesionales y otras entidades, con un sistema de sorteo o insaculación (arts. 339 a 341 LEC). Una vez designado, el profesional acepta el cargo y se le requiere, en su caso, una provisión de fondos para sus honorarios.

    Elaborado el informe, el perito designado lo emite por escrito y lo presenta al tribunal, de modo que las partes puedan examinarlo y, en su caso, pedir aclaraciones (art. 346 LEC). Después puede ser citado para intervenir en el juicio o vista y responder a las preguntas del tribunal y de los abogados (art. 347 LEC). Su dictamen se valora, como el de cualquier otro perito, según las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC), pero se percibe con frecuencia como una opinión menos vinculada a los intereses de una de las partes. Los aspectos prácticos de la prueba pericial judicial se resumen en la página que ValiTax dedica a este servicio.

    Comparativa orientativa

    Aspecto Perito de parte Perito designado judicialmente
    Quién lo elige La parte que lo contrata El tribunal, mediante el procedimiento legal de designación
    Momento habitual Antes del proceso o con la demanda o contestación Durante el proceso, tras acordarlo el tribunal
    Control del encargo Alto: la parte delimita el objeto Limitado: lo fija el tribunal con las propuestas de las partes
    Percepción de neutralidad Depende de la reputación del perito y del contenido del informe Suele percibirse más neutral
    Coste y plazos Acordados con el profesional Provisión de fondos y plazos condicionados al calendario del proceso

    Cuál conviene en un asunto tributario

    En la vía administrativa, es decir, ante la Inspección o el tribunal económico-administrativo, no existe el perito judicial: el contribuyente aporta el dictamen de su perito de parte como prueba. La designación judicial solo entra en juego cuando el asunto llega a un proceso jurisdiccional. Por eso, en la práctica tributaria, lo normal es que el perito de parte acompañe al contribuyente desde la primera fase y, si se llega a los tribunales, se valore si conviene mantenerlo, reforzarlo con un perito designado o ambas cosas.

    No debe confundirse al perito judicial con el tercer perito que interviene en la tasación pericial contradictoria. Este último se designa en el procedimiento de comprobación de valores cuando las tasaciones del contribuyente y de la Administración divergen más de lo que la ley tolera. Es una figura propia de ese trámite, distinta del perito que un juez nombra en un proceso.

    Las circunstancias que inclinan la balanza hacia uno u otro suelen ser:

    1. Complejidad técnica del asunto: si es alta y existe controversia entre expertos, la presencia de un perito judicial aporta un tercer criterio que el tribunal puede valorar con más tranquilidad.
    2. Urgencia: el perito de parte puede estar listo en menos tiempo, algo importante cuando los plazos son perentorios.
    3. Estrategia procesal: el abogado puede preferir un informe que ya conoce y controla, o confiar en una designación que consolide la neutralidad.
    4. Coste: el perito de parte es una decisión de la parte; el designado exige provisión de fondos y puede acarrear honorarios adicionales de ratificación.

    Un ejemplo hipotético

    Con fines puramente ilustrativos, imaginemos que una empresa náutica de Palma discute con la Administración la valoración de su flota. La sociedad encarga un dictamen a un perito de parte durante el procedimiento de comprobación y lo aporta con sus alegaciones. La Administración lo rechaza con una motivación escueta y el asunto llega a un recurso contencioso. En la demanda, la sociedad aporta de nuevo el informe de su perito, actualizado, y solicita además que el tribunal designe un perito para que informe sobre las diferencias entre ambas valoraciones.

    El resultado es un expediente con tres elementos: el criterio de la Administración, el del perito de parte y el de un perito independiente. Si el tercero respalda los puntos esenciales del informe de parte, el tribunal dispone de una base más sólida para decidir. Si no lo hace, la sociedad puede evaluar con realismo qué probabilidades tiene de prosperar.

    Errores frecuentes

    • Pensar que el perito de parte debe defender a toda costa la tesis del cliente.
    • Pedir la designación judicial sin evaluar plazos, provisión de fondos y efectos sobre el calendario procesal.
    • Presentar un informe que no responde a las objeciones previsibles de la contraparte.
    • No preparar la ratificación del informe y quedar expuesto en el interrogatorio.
    • Confundir el tercer perito de la tasación pericial contradictoria con el perito designado por un juez.

    El artículo de esta misma web sobre cuándo es necesario un perito judicial tributario en Baleares completa estas ideas con ejemplos de la práctica local. Para decidir qué perfil encaja con un caso concreto y cómo coordinarlo con la estrategia jurídica, una defensa fiscal con LRB permite valorar con el equipo jurídico el momento y la forma de aportar el informe. La estructura de un buen dictamen, común a ambas figuras, se describe en la página sobre el informe pericial.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo tener un perito de parte y pedir también uno judicial?

    Sí, en los casos y momentos que la LEC permite. Es una decisión estratégica: puede reforzar la posición, pero también añade costes y plazos.

    ¿Quién paga al perito designado por el tribunal?

    Quien lo solicita suele tener que realizar una provisión de fondos, sin perjuicio de lo que se decida después sobre las costas del proceso.

    ¿Es más fiable el perito judicial?

    No existe una regla automática. Ambos informes se valoran por la sana crítica; la ventaja del designado es la percepción de neutralidad, y la del perito de parte, la especialización elegida y la preparación anticipada.

    ¿Puede cuestionarse la imparcialidad de un perito?

    Sí. La LEC contempla mecanismos para cuestionar la imparcialidad o la capacidad de los peritos, tanto de parte como designados, que deben invocarse en los plazos previstos.

    ¿Tiene sentido un perito de parte en vía administrativa?

    Sí. Es la figura habitual en esa fase, ya que el perito judicial solo existe en el proceso jurisdiccional.

    Conclusión

    El perito de parte y el perito designado judicialmente cumplen el mismo deber de objetividad, pero responden a necesidades procesales distintas. El primero permite preparar la defensa desde el principio y controlar el encargo; el segundo aporta un criterio externo cuando el asunto llega a los tribunales. Elegir con tiempo, coordinar al perito con el equipo jurídico y preparar la ratificación son decisiones que, para cualquier contribuyente de Mallorca, marcan la diferencia entre un informe que se aporta y uno que realmente se tiene en cuenta.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Fiscalidad de los dividendos en Mallorca: tipos en el IRPF y política óptima de distribución

    La fiscalidad de los dividendos en Mallorca es uno de los aspectos mas relevantes para los empresarios que tienen excedentes de tesoreria en sus sociedades. Los dividendos que distribuye una sociedad espanola a su socio persona fisica residente en Mallorca tributan como rendimiento del capital mobiliario en la base del ahorro del IRPF: al 19% los primeros 6.000 euros, al 21% entre 6.000 y 50.000, al 23% entre 50.000 y 200.000, al 27% entre 200.000 y 300.000 y al 30% por encima de 300.000. Para el empresario con una empresa muy rentable en Mallorca, la decision de repartir dividendos o dejar los fondos en la sociedad depende de la comparacion entre el tipo marginal del IRPF en el ahorro y la rentabilidad que la empresa puede generar reinvirtiendo esos fondos. En LRB Tax & Legal planificamos la politica de dividendos para empresas baleares. Contacto: Contacto@LRB.es / ValiTax.es.